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Directora de hogar de ancianos Sara Zaldívar dijo no poseer datos de los fallecidos por COVID-19

La Directora del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo, y la Directora del Centro de Atención de Adultos Mayores Sara Zaldívar, Claudia Susana Barahona, asistieron a la primera convocatoria de la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19, luego de nueve inasistencias a las comisiones de salud y de la familia.

De acuerdo con ambas funcionarias, el combate de los contagios causó que no pudieran asistir a previos citatorios; de no llegar, los diputados consideraban los llamados bajo apremio; es decir, con el uso de la Policía Nacional Civil (PNC).

La primera pregunta fue la cantidad de adultos mayores que fallecieron a causa del coronavirus, luego de registrar el primer contagio el 18 de mayo de 2020; puesto que un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que serían 42 ancianos.

Las autoridades explicaron el tratamiento de la enfermedad dentro del centro, donde se establecieron tres zonas, la limpia, la sospechosa y la COVID positiva con síntomas leves; que según señalaron el Ministerio de Salud estuvo dando apoyo en la evaluación permanente de los infectados y para hacer las pruebas.

Gallardo destacó que el centro y el ISRI no daban atención médica, por lo que solo permanecían en las zonas limpias.

Por su parte, la directora del centro expuso que fue Salud el encargado de la logística, protocolos y lineamientos, por lo que ellos referían a los pacientes cuando presentaban síntomas graves.

«Ellos eran los encargados de llevar toda la parte clínica», indicó.

Ambas funcionarias sostuvieron que dentro del centro fallecieron 16 adultos mayores; no obstante, no podían responder por los casos que fueron referidos y fallecieron en hospitales.

Según la directora del ISRI, el hogar de ancianos poseía 211 habitantes previo a la pandemia en enero y actualmente son 134 adultos mayores.

Por lo que los legisladores cuestionaron por los 77 ancianos menos, siendo que solo de 16 poseen el registro de muerte por COVID-19, a lo que contestaron que 10 casos fueron de familiares que se llevaron a los mayores y también destacaron que la tasa de mortalidad mensual en el hogar es de entre dos a tres.

«La cantidad mencionada es lo que nosotros tenemos registro que fallecieron en el centro», reiteró Barahona.

La diputada Rina Araujo del FMLN cuestionó cuál fue la cantidad de adultos mayores referidos y cuántos no regresaron al centro.

«Todo el procedimiento, como pasaron al manejo del Minsal, esas estadísticas las tiene el MINSAL […] Quien se encargó fue el MINSAL, estaba a cargo de la condición clínica, realizaban monitoreo constante y al menor signo de descompensación lo referían al hospital», respondió Barahona.

Los legisladores cuestionaron si fueron cerca de 50 fallecidos como aproxima el informe de la PDDH, a lo que la directora del ISRI aseguró que este no posee sustento de información oficial y sería ilegal.

«El manejo puede ser diferente, pero la información, ¿por qué no pasa a la titular? Quien debe dar cuenta es la dirección. ¿Por qué no hay coordinación?», preguntó la efemelenista Elizabeth Gómez.

Uno de los acompañantes y asesores de las funcionarias respondió que «la petición (de información) debió ser dirigida al MINSAL, es quien maneja los datos oficiales, no podemos sobrepasar esa autoridad, a ellos tuvieron que dirigirle la petición».

«Debería haber un control de los que están o los que se van, tienen que decirles a sus familiares», indicó el diputado de ARENA, Julio Fabián, ante las respuestas de las autoridades.

El presidente de la comisión, Emilio Corea, solicitó la postura de ambas directoras en cuanto al señalamiento del informe de la Procuraduría, donde se declara violación a los derechos de la vida, salud y asistencia en el centro de ancianos y apunta como responsables a la directora Barahona por falta de prevención de riesgo, a la presidenta del ISRI y al ministro de salud por incumplimiento de deber de investigar.

«Nadie le hemos violado ningún derecho, prevenimos, están los protocolos, están todos los documentos en los que damos cumplimiento paso a paso», comentó Gallardo.

«Por el derecho a la salud fue que iniciamos acciones preventivas, antes que salieran los casos», añadió Barahona.

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