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Elecciones en Nicaragua: el tribunal electoral inhabilitó al principal partido opositor al régimen de Ortega

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) que encabezaba una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, tras anular su personería jurídica.

El CSE ordenó “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”, indica una resolución del tribunal, leída por el secretario de actuaciones del organismo, Luis Luna, a medios oficialistas.

En la resolución firmada por los magistrados del CSE, en su mayoría afines al gobernante Frente Sandinista, el tribunal aceptó una petición del también opositor y colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para que le fuera suspendida su licencia legal.

Según María Haydeé Osuna, representante del PLC, CxL cometió “constantes violaciones a la Ley Electoral” debido a que “incumplió obligaciones” y a que su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense).A pesar de la crisis que se vive en Nicaragua, Murillo sigue siendo la principal apuesta de Ortega para sustituirlo. (Foto Esteban Biba/EFE)A pesar de la crisis que se vive en Nicaragua, Murillo sigue siendo la principal apuesta de Ortega para sustituirlo. (Foto Esteban Biba/EFE)

Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE “declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”. El tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cedula de identidad de la presidenta de CxL.

Según el CSE, la presidenta de la agrupación “utilizó procedimientos irregulares” y “ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”.

El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.

En su considerando, el CSE explicó que ese poder del Estado tiene como atribución aplicar las disposiciones constitucionales legales referente al proceso electoral y dictar de conformidad con la ley de la materia las medidas pertinentes.Varios partidarios de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (Cxl) en Managua (Nicragua). EFE/ Jorge Torres /Archivo Varios partidarios de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (Cxl) en Managua (Nicragua). EFE/ Jorge Torres /Archivo

En ese sentido, argumentó que la Ley Electoral establece que no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular “quienes no tienen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuera prohibido de conformidad” con la Constitución y una serie de leyes, aprobadas recientemente por los sandinistas.

Entre esas leyes, el CSE mencionó la Ley de Regulación de Agentes Extranjero, y La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

El artículo 1 de la segunda Ley, indicó el CSE, establece que no se pueden inscribir como candidatos “a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe e intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, entre otros.

En el actual proceso electoral las autoridades han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

El presidente Ortega, un ex guerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) ratificó su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua, al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) ratificó su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua, al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

“Estoy asustado”

Se conoció que los directivos y miembros de la alianza temen ahora ser detenidos, como parte de la ola de arrestos que vive el país de cara a las elecciones. Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por “traición” a la patria.

Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba en las encuestas como potencial rival para enfrentar a Ortega.

En tanto, poco después que el tribunal electoral inhabilitara a CxL, el candidato a la presidencia del PLC, el empresario Milton Arcia, anunció que estudiaba renunciar a su postulación en protesta por la actuación de su partido, fundado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002).”Estoy asustado de lo que está pasando… A mí me gusta la democracia y quería que compitiéramos todos”, dijo Arcia a la prensa.

Con la salida de la alianza CxL de las elecciones, Ortega se dispone a conquistar cómodamente su tercera reelección sucesiva frente a cinco partidos que son tildados de “colaboracionistas” por la oposición.En la imagen, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, considerada "presa política" en Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo En la imagen, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, considerada «presa política» en Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo

La comunidad internacional ha condenado los arrestos y acciones judiciales contra los opositores y demandado la realización de elecciones libres.

Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüense ligados al gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington. Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario nicaragüense han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.

Ortega ha minimizado las presiones y dicho que situaciones “más difíciles” ha vivido Nicaragua, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.

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