Del martes 18 al viernes 21 de octubre, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera reanudará las audiencias relacionadas a la masacre de El Mozote y Sitios Aledaños en 1981, en Meanguera Morazán.

Durante esa jornada, se espera que unos 20 testigos aportados por las partes procesales declaren.

«La jueza ha ordenado que se le tomen declaración en calidad de testigos a 20 personas. Se han programado a partir del día martes 18 hasta el viernes 21 de octubre. Serán cinco personas diarias, algunos tienen la calidad de ofendidos que por narrar los hechos, la jueza considera que tienen calidad de testigos», confirmó a La Prensa Gráfica, Rodolfo Garay Pineda, uno de los abogados de los acusados.

La diligencia está a cargo de la jueza Mirtala Teresa Portillo, nombrada el 18 de septiembre del 2021, tras las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que mandó al retiro a jueces mayores de 60 años o con 30 de trayectoria profesional.

Anteriormente la causa la ventilaba Jorge Guzmán, a quien afectaban las enmiendas.

Sin embargo, el medio de comunicación consigna que Portillo retomó un listado general de testigos, que en su mayoría han fallecido. Otros, como en el caso de Rufina Amaya, la principal testigo de la masacre, están asilados. Por otra parte, se corroboró que algunos padecen problemas de salud. Solo 9 están aptos para rendir testimonio, según Garay Pineda.

En tanto, la jueza va a continuar el proceso con el Código Procesal Penal de 1974 y no en el actual, como lo estaba haciendo el ex juez Guzmán.

La Prensa Gráfica consultó al exjuez Guzmán por este nuevo método utilizado por la jueza Mirtala, y dijo que era perjudicial para las víctimas y que podría tener vicios de inconstitucionalidad. Ya que basarse en dicho Código la parte de investigación la realiza el juez y deja excluidas a las víctimas, por eso él se basó el actual Código, respeta el debido proceso de cuerdo a la Constitución de la República de 1983. Y que este proceso tiene un «corte inquisitivo».

«A mí la Constitución de 1983 me dice de que debo aplicar un debido proceso con todas sus garantías procesales. Yo en eso me basé. Siempre dije soy juez de la Constitución, y esta está sobre cualquier ley», aseveró.