Los diputados de la Comisión Financiera están dando seguimiento a al cumplimiento de las reformas legales que han sido impulsadas desde el seno de dicha mesa trabajo para proteger la economía de la población y promover la inclusión financiera.

“Queremos garantizar a la gente sus derechos financieros, su justicia financiera y los número nos van a dar la razón de que estas leyes sí están funcionando”, aseguró la presidenta de la comisión, Dania González.

Los parlamentarios solicitaron informes e insumos a diferentes bancos, comercios y entidades de Gobierno para poder comparar los datos de un antes y un después de aplicadas las reformas a las diferentes leyes.

En un año de labores, la nueva Asamblea ha aprobado cuatro actualizaciones a diferentes normativas, las cuales fueron estudiadas y consultadas con diversas instituciones relacionadas a cada una de las temáticas.

El primer acto de justicia financiera fue el de las reformas a la Ley del Historial Crediticio, que entraron en vigencia el 9 de marzo de este año; el segundo, la modificación a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, válida desde el pasado 20 de julio, y el tercero fueron las reformas a la Ley Contra la Usura, el Código Civil y el Código de Comercio, que entró en vigencia el 25 de julio.

La cuarta actualización aprobada fue la del artículo 20 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, que da mayores beneficios a los salvadoreños que residen tanto adentro como afuera del país al momento de abrir una cuenta bancaria. Dicha reforma aún no ha entrado en vigor.

Reformas impulsadas por la comisión

Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio (9 de marzo de 2022)

Se aprobaron reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas. Con ello se logra la inclusión financiera para un 70% de la población que históricamente no ha tenido acceso a créditos, se acortan los plazos para recibir los finiquitos y se impide a los burós de crédito compartir o comercializar con terceros los datos de los clientes.

A quien no cumpla la ley se le aplicarán sanciones que van desde 40 hasta 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Si la afectación es a intereses difusos o colectivos, entonces la multa será de 600 salarios mínimos.

Cambios a la Ley de Tarjetas de Crédito (20 de julio)

Los diputados de la Comisión Financiera dictaminaron a favor de reformar la Ley de Tarjetas de Crédito, con el fin de proteger los derechos patrimoniales de los usuarios del sistema financiero, principalmente de quienes son tarjetahabientes.

Entre las modificaciones a la normativa está la eliminación del cobro de todo tipo de membresía para tarjeta de crédito con límite de disponibilidad menor o igual a $2,000. Asimismo, se ha prohibido la emisión de tarjetas de crédito que no hayan sido solicitadas por las personas.

Los legisladores también han suprimido la “promoción directa reiterada” o el “acoso” de ofertas y productos no solicitados por el cliente. Se considerará que se está cometiendo esta práctica cuando existan más de tres acercamientos al consumidor para ofrecerle un producto crediticio.

Referente al tema de los sobregiros bancarios, es decir los pagos que se hace al banco tras exceder el saldo de la cuenta del tarjetahabiente, serán eliminados debido a que es una forma de enmascarar cobros adicionales, y será la Superintendencia del Sistema Financiero quien autorice los cobros en concepto de sobregiro.

Reformas a la Ley Contra la Usura (25 de julio)

Para evitar cobro de intereses excesivos a los usuarios, los diputados de la Comisión Financiera han propuesto reformar cuatro artículos de la Ley Contra la Usura. Además, buscan modificar el Código Civil y el Código de Comercio.

Con esto, los legisladores se encuentran en la búsqueda de una tercera justicia financiera, luego de que en el 2021 lograran obtener la aprobación las reformas a la Ley del Historial Crediticio y a la Ley de Tarjetas de Crédito.

La usura, una práctica ilegal que consiste en cobrar intereses excesivamente elevados en los préstamos, será controlada con la actualización que se pretende obtener, debido a que se prohibirá el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses y será sujeto a las sanciones legales correspondientes.

Se establecerán multas para los que cobren interés más alto del permitido. Será la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la que estará facultada para supervisar sanciones que van desde los 300 hasta los mil salarios mínimos; mientras que el sector no supervisado será sancionado desde los 100 hasta los 500 salarios mínimos.

Ley para Facilitar la Inclusión Financiera (pendiente de su entrada en vigencia)

La modificación al artículo 20 se refiere a la apertura y depósitos en cuentas de ahorro. Entre los beneficios que se obtendrán con los cambios en la normativa están la reducción de requisitos para que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, los salvadoreños  en el exterior y los extranjeros puedan abrir cuentas de ahorro en bancos comerciales, cooperativas y en sociedades de ahorro y crédito.

Los jóvenes únicamente deberán presentar su Documento Único de Identidad (DUI) y los salvadoreños en el exterior su pasaporte o carnet de residencia. Con esto se favorecerá a la   población de menores ingresos y fomentará la cultura de ahorro a los jóvenes.

Además, el decreto mandata a las instituciones financieras garantía y seguridad para evitar fraudes o lavado de dinero. También deberán proporcionar a los usuarios un medio de pago gratuito y accesible a través de sistema digital.

Es importante la digitalización financiera porque ayudará a generar eficiencia en las transacciones. Con ello, las personas no tendrán que ir a una agencia bancaria y se evitará el lavado de dinero.