Un intendente del departamento de Ullum, en San Juan (Argentina), debió dar marcha atrás con su polémico proyecto de ley que proponía aplicar la eutanasia a perros callejeros que, luego de ser ingresados en un refugio municipal, no fueran adoptados en un plazo de 6 meses. 

Leopoldo Soler, autoridad máxima de la localidad de Ullum, en la provincia de San Juan, quiso dar solución a una problemática que sin dudas debe ser atendida: la superpoblación canina. Ocurrió que hace 20 días atrás, un hombre murió luego de ser atacado por una jauría, convirtiéndose en el tercer caso en la provincia en los últimos 5 meses, según informó el diario La Nación. En noviembre, una joven falleció a causa de las mordidas, y una semana después, un adolescente tuvo que ser internado por múltiples heridas. 

Para corregir esta situación, Soler sugirió crear un refugio para perros sin hogar en un centro de zoonosis que ya funciona en la ciudad. Pero, aclaró que, en caso de que nadie los quiera, tendrían que ser ejecutados, ya que, según él, el municipio no tiene los recursos suficientes para mantenerlos indefinidamente: «El destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados será la eutanasia», dijo el jefe comunal. 

Las críticas por la propuesta no tardaron en llegar. Incluso, fue cuestionada desde el Gobierno provincial. A poco tiempo del anuncio, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, recordó que existe una ley en San Juan que prohíbe la eutanasia animal. Y avisó: «No vamos a permitir que en Ullum sacrifiquen perros».

El proyecto llegó, sin embargo, a ser tratado este jueves por el Consejo Deliberante, donde, luego de varias horas de debate, fue derivado a comisiones con el compromiso de los ediles de eliminar el artículo que generó rechazo, publicó el periódico El Tiempo. 

«Yo no soy ningún asesino de perros. Me encantan los animales», se defendió Soler en diálogo con el diario 13 San Juan. Y añadió que, con eutanasia o sin ella, se necesita resolver el problema: «Yo no busco matar a ningún animal y he presentado una idea que tiene sentido (…) ¿Qué hacemos con los animales que le hemos buscado la solución de dar en adopción? ¿Los mantenemos hasta su muerte natural? Es una pregunta que me hago», dijo.  

Soler reconoce que su proyecto no tiene consenso. Pero insiste en que, en el marco de una crisis económica, se debe elegir a dónde dirigir los recursos. «¿Hasta qué punto un animal merece esta atención por parte del Estado y no personas que la están pasando mal? La idea es buscarle un cierre al ciclo», manifestó.

La misma preocupación ante el crecimiento demográfico de perros y gatos en la calle se repite en La Quiaca, en la provincia norteña de Jujuy, en el límite con Bolivia.

Allí, una concejala acudió a una sesión disfrazada de can. «Tenemos cantidad de perros que se reproducen día a día, las protectoras no dan abasto«, dijo Felisa Nieve mientras reclamaba la aprobación de una ley que permitiría la castración masiva de estos animales. 

Según Nieve, el oficialismo quiaqueño mantiene «cajoneado» [archivado] el proyecto porque quiere evitar «costos» para las arcas del municipio. 

«Más vale perro castrado que 100 vagando», rezaba el cartel que pegó la concejala en su banca.