Nacionales

300 casos de compras de insumos para la pandemia, en la mira del Tribunal de Ética

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), acumula más de 300 casos de funcionarios involucrados en supuestas irregularidades entorno a la pandemia del COVID-19, aseguró este martes, el Presidente Néstor Castaneda.

El funcionario dijo a la prensa, al salir de un evento institucional, que dentro de estas denuncias, varias están relacionadas a compras que se realizaron desde el inicio de la emergencia, en marzo del 2020, que van desde mascarillas, botas de hule e insumos para protegerse del virus.

Según dijo “son varias denuncias”, entre ellas “cinco contra el Ministro de Agricultura (MAG), cinco o seis contra el Ministerio de Salud (MINSAL)”, asimismo, en la cartera de Obras Públicas. “Tenemos de varias instituciones públicas”, añadió.

“Para los artículos e insumos médicos cuestionados, hemos requerido a la Defensoría del Consumidor, para comparar el precio de los productos en el mercado y determinar si fue adquirido con mecanismos de otro tipo (…) si hay una diferencia nos da paso para actuar en un proceso sancionatorio”, explicó.

“Los informes ya fueron recibidos, los investigadores están recabando la información, muchas veces las autoridades no nos dan más información y es necesario ampliar los periodos, así que estamos en ese proceso de recoger evidencias”, comentó.

El MAG y MINSAL son los que más han acumulado denuncias. Según exámenes de la Corte de Cuentas de la República (CCR), unos 12 hallazgos se detectaron en la compra de alimentos durante la pandemia, entre las anomalías están: productos sin registro sanitario y detalle nutricional, compras a sobreprecios, menos producto que el comprado, pagos no relacionados con la emergencia (insecticidas, fungicidas y foliares); así como 37 procesos de compra no publicados, adjudicación de maquilado de paquetes, entre otros.

En cuanto al MINSAL, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a España información sobre siete compras a la sociedad Javi Performance Parts SL, misma que vende repuestos para autos, pero a la que se le compró 1 millón 500,0000 mascarillas, 150 mil gabachones médicos y 300 mil caretas; esto según un informe fiscal que tomó insumos de una auditoría de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Referidas compras suman cerca de $12 millones y se habrían efectuado con fondos de donaciones haciendo uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que exime el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

FOPROMID: Una caja abierta para la pandemia

Los recursos que serían destinados al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) fueron transferidos a través de decretos ejecutivos a FOPROMID, según un informe del Comité de Veeduría y Seguimiento de referido fondo proveniente de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender la pandemia de COVID-19 en el país.

Según los datos del comité, son $999.3 millones los recursos que tuvo a disposición el Gobierno en el marco del decreto 608 que autorizó los $2,000 millones, contando las transferencias que en primer momento no provenían de préstamos, sino momentáneamente del presupuesto general.

De estos se gastaron $55 millones para cumplir con la contrapartida de FOMILENIO II y $52 millones a pensión de veteranos de guerra, que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, mismos que no se refieren a la emergencia de COVID-19.

Los $892.3 restantes se canalizaron en su mayor parte en FOPROMID y solo $219,3 millones fueron al FERRE y $191.7 para los 262 municipios, según el comité.

Sin embargo, de los recursos al FERRE ($219,3 millones) a través de decretos ejecutivos se recortó y se dirigió al FOPROMID, quedando $23 millones al fondo original que planteó el decreto. Los movimientos no habrían sido autorizados por la junta directiva que involucra a cinco carteras de Estado, sino que fue de forma directa por el Ministerio de Hacienda.

«Si solo nos quedáramos con el presupuesto serían solo 23.5 millones, pero el objetivo es la transparencia y veeduría, debemos analizar todo», señalaron.

Es decir, el comité argumentó que el decreto 608 contenía el FERRE como la forma en la que se canalizarían los recursos para atender la pandemia bajo un presupuesto extraordinario; no obstante, fue utilizado como presupuesto ordinario a través de fopromid.

«¿Qué faculta este cambio? El Ministerio de Hacienda tiene características diferentes a otras carteras, dentro del presupuesto están transferencias de fodes y deberes del Estado, una interpretación es que en Hacienda creían o creen que esos recursos dentro de Hacienda los pueden transferir a fopromid. Al no usarse el FERRE, sino por fopromid, los mecanismos de control y transparencia son más discrecionales», indicaron el conferencia de prensa.

El comité expuso que aún no han entrado a conocer las compras y el destino concreto de los fondos; pero el mecanismo y la gobernanza de los fondos se ha incumplido.

«Un mecanismo, como fue diseñado tuvo que ser una cosa sencilla, en la práctica se ha complejizado, llegar a los resultados no ha sido fácil, se han entremezclado las partidas», agregaron.

Los integrantes del comité son representantes de la Universidad de El Salvador (UES), Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba