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Alcaldías solo recibirán 1.5% del Presupuesto General y Hacienda asumirá deuda contraída con fondos FODES

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó dictamen favorable para Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que busca dar mayor liquidez a las alcaldías y optimizar el uso de los recursos para beneficio de la población.

La normativa contempla que el Ministerio de Hacienda asumirá el pago de créditos de las alcaldías con instituciones financieras, en donde esté comprometido dinero del FODES, que suma en total $629 millones. Con ello, las municipalidades tendrán a disposición más presupuesto.

“Ahora las municipalidades no asumirán el pago de la deuda, porque eso no será cargado al porcentaje del FODES que se les dará, sino que el Ministerio de Hacienda hará el pago de todas las deudas hasta finalizar su liquidación. Es una ventaja en la administración financiera para todos los municipios, porque les quedará limpia y ordenada la deuda”, explicó el director general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, Joaquín Alberto Montano.

En el pasado, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) era el encargado de liquidar las deudas de las alcaldías respecto al FODES, sin embargo, cobraba una comisión por brindar ese servicio a las alcaldías del país.

“La administración de todo esto la asumirá la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, ahí no se hará cobro de comisiones, entonces, se optimizarán los recursos. Toda la base de datos, historial y deuda, el ISDEM debe trasladarlo al Ministerio de Hacienda, de esta forma se conocerá la deuda de cada municipio para pagar directamente a las entidades crediticias del sistema financiero nacional”, apuntó.

Montano detalló que se mantiene la estructura de ejecución 25-75, correspondiente a un 25% para gastos y un 75% para obras de desarrollo. Según la nueva normativa, este 25% se entregará a las municipalidades; y el restante 75% será administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de proyectos de infraestructura en cada municipio.

Los anteriores porcentajes se corresponderán al monto asignado al FODES, que representará 6% del Presupuesto General del Estado.

El 25% que se desembolsará a las alcaldías serán fondos con libre disponibilidad, para utilizarlos en lo que consideren pertinente. Este porcentaje se cubrirá con una erogación correspondiente al 1.5% de los fondos del Presupuesto General del Estado.

“Todos estos recursos y la administración de estos debe estar sujeta a procesos de fiscalización formales, a través de entidades establecidas por la ley y de la misma población; se espera que los municipios usen bien los recursos en beneficio de su administración municipal y de los ciudadanos”, dijo sobre los fondos a libre disponibilidad.

Montano explicó que el global del FODES (6% del Presupuesto General del Estado) será completamente orientado al desarrollo económico de los municipios, ya que la DOM se encargará de administrar el 75% del global para infraestructura municipal. Es decir, ambos porcentajes, tanto el que se dará líquido a las municipalidades como el que administrará la DOM, se complementan para dar sostenibilidad a las alcaldías e implementar obras que beneficien a la población.

“El espíritu de esta nueva ley viene a acabar con la mafia en las alcaldías, que usaban todo el dinero del FODES para ver quién se llevaba la mejor tajada. Lo que la gente quería es que se viera reflejado el dinero en obras […] De esa deuda de $629 millones, jamás llegó dinero a las comunidades, terminó en bolsillos de concejales, empresarios y alcaldes”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo.

Criticó que, en el departamento de Usulután, el municipio de Berlín tiene $5 millones de deuda; Puerto El Triunfo, $1.2 millones; Mercedes Umaña, $1.6 millones. “En ninguna comunidad que hemos visitado hemos visto avances”, lamentó.

El presidente de la mesa legislativa, Christian Guevara, criticó que la ley vigente tiene más de 30 años, y que ha experimentado más de 37 prórrogas y disposiciones transitorias. La primera normativa fue emitida por la Asamblea Legislativa en 1995.

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