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APES: «Javier Argueta y ningún funcionario puede exigir fuentes de información»

La Mesa de Protección a Periodistas se pronunció contra la «amenaza» del asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, a un medio de comunicación para revelar la fuente de una nota periodística que relató una reunión entre él y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) horas antes de la resolución de la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección presidencial el pasado viernes 3 de septiembre.

Argueta se habría reunido con 4 de los 5 magistrados del ente electoral, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, y sus colegas Noel Orellana, Guillermo Wellman y Rubén Meléndez.

La nota señala que fueron 2 fuentes en condición de anonimato las que dieron a conocer la reunión.

«La reunión entre Argueta y los magistrados del TSE ocurrió pasadas las 5:00 de la tarde y, de acuerdo a las fuentes, se extendió alrededor de dos horas, porque algunos magistrados se incorporaron después de la hora prevista. Cuando el encuentro finalizó, la Sala notificó la resolución por correo electrónico a la Secretaría del Tribunal, la cual tiene contacto directo con la presidenta del TSE. Luego apareció publicada en Twitter a las 8:47 de la noche, aunque la resolución fue emitida a las 12:37 de la tarde de ese 3 de septiembre», relató el medio.

El reclamo de Argueta

«Señores @GatoEncerradoSV sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias. Lean la sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007, y ahí verán de qué les hablo y léanla en detalle», suscribió Argueta en su cuenta de twitter, citando la nota que fue compartida en la red social.

¿Qué dice la sentencia?

“Lo anterior da lugar a esta Sala a interpretar y sostener que las libertades de expresión e información, así como la libertad de opinión, crítica pública y el derecho de emitir juicios de valor favorables o desfavorables, que derivan del art. 6 Cn. no son justiciables ni punibles, a menos que se actúe con dolo, real malicia o intención manifiesta de ocasionar daños a derechos protegidos constitucionalmente, como al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas. Lo que sí se penaliza, es el ejercicio ilegal y arbitrario de libertades democráticas fundamentales, en cuyo caso operaría para todas las personas sin excepción”, señala un fragmento de la sentencia.

La resolución declaró inconstitucional los incisos segundo y tercero del artículo 191 del Código Penal bajo una demanda presentada por Roberto Bukele Simán. 

Argueta señaló que se debe dar a conocer a la fuente, de lo contrario, caerían en «infracciones»; sin embargo, la Mesa de Protección a periodistas refutan que se trata de un secreto profesional que incluso está regulado en las leyes salvadoreñas y tratados internacionales.

¿Qué leyes?

La Mesa citó el Código Procesal Penal en su artículo 206 y la Ley Especial del Ejercicio del Derechos de Rectificación o Respuesta en su artículo 20, donde señalan que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.

Añadieron el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su numeral 8: “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

También expusieron que el secreto profesional del artículo 205 del Código Procesal Penal que reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

«No es ignorancia del asesor jurídico de la Presidencia, es una malicia contra la libertad de prensa»

La organización integrada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), señaló que hay una interpretación errónea de la sentencia, pues lo que ordena no es a revelar una fuente.

«La sentencia ratifica que “toda persona, cualquier ciudadano puede difundir y expresar con toda libertad sus pensamientos, así como el derecho de informar y ser informado”», señaló FESPAD.

«El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno que, sistemáticamente, ha violado la constitución de la República, de violentar la liberta de prensa», agregaron los miembros de la organización.

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