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APES señaló incremento en los actos contra la prensa mientras interpone una denuncia en la inspectoría policial

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Cristosal, presentaron este martes una denuncia en la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC), por agresiones que habrían cometido algunos agentes, durante una cobertura de un homicidio el 20 de agosto del 2021.

César Fagoaga, Presidente de la APES, señaló que en los últimos días, han incrementado los actos contra la prensa, por lo que espera que la corporación policial rectifique e investigue a los elementos señalados.

“A día de hoy, ni la policía ni la Inspectoría ha individualizado a alguien respecto a la agresión a los colegas en el Mercado San Miguelito […] queremos que esta institución investigue, y también que marque un precedente que tienen que cumplir su trabajo […] queremos que se abra la investigación contra policías que han bloqueado el libre ejercicio de la información y la libertad de prensa”, explicó.

El líder de la gremial enfatizó que solicitarán un diálogo con la PNC para evitar que más hechos de este tipo ocurran, “creemos que el diálogo es la mejor herramienta, la más civilizada para resolver las diferencias”.

La abogada de Cristosal, Zaira Navas, aseguró que la Inspectoría General está obligada a abrir expediente contra los agentes que habrían dañado equipo de periodistas que cubrían la escena, que tuvo lugar en el Mercado San Miguelito, en San Salvador; por lo que lamenta que esta dependencia no se haya pronunciado.

“Constituye en faltas disciplinarias por violación al artículo 8 y 9 de la Ley Disciplinaria Policial, porque se ha violado el código de conducta. Porque se ha limitado las actuaciones en el ejercicio de las labores de periodistas…», profundizó la jurista.

En el escrito, la APES y Cristosal piden a la PNC que designe investigadores de la Inspectoría General, no a personal policial, debido a que podría afectarse el proceso de indagación, «queremos que se inicie procedimientos disciplinarios y sea la Inspectoría la que presente la petición razonada para que se sancione estos actos, tanto para los que ordenaron los actos ilegales, como a los que no investigaron, porque el Código de Conducta ya establece como falta disciplinaria la omisión de investigación y connivencia por realizar este tipo de actos».

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