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Arriaza Chicas no llevó por apremio a Ministro de Hacienda y lo acusarían de incumplimiento de deberes

Los diputados de la Comisión Especial que investiga el ingreso y uso de fondos por el Ejecutivo en el marco de la pandemia certificarán a la Fiscalía General de la República (FGR) el posible cometimiento de delito por parte del Directo de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, incumplir una orden de apremio contra el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para obligar su comparecencia en referida comisión.

El pasado miércoles 30 de septiembre los legisladores giraron la orden a Chicas, bajo el artículo 132 de la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, para el uso de las fuerzas de seguridad contra Zelaya por la falta de comparecencia en tres ocasiones a la comisión.

No obstante, este 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana, día y hora que debía cumplir con el mandato, no asistió y tampoco llevaron al titular de Hacienda, por lo que dieron por incumplida la orden.

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos de GANA, manifestó que el Director de la PNC le había remitido una carta en la que explicaba por qué no se cumplió la orden, misma a la que le dio lectura y relataba que el Ministro no asistió en las ocasiones anteriores por estar formulando el presupuesto general 2021, por lo que no tendría base legal el apremio.

Sin embargo, el presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, expuso que referido documento debe ser entregado por la institución en la ventanilla de correspondencia del Parlamento, o en su caso, presentarla a la FGR; por lo que no dio como recibida.

«Envía una excusa, no somos fiscales, los únicos en decidirlo es un juez a través de un requerimiento de la FGR», sentenció Portillo Cuadra.

Asimismo, el legislador explicó que el uso del apremio se basa en la Constitución y la obligación de presentarse a las comisiones especiales, de caso contrario se desarrolla como un procedimiento judicial.

Yanci Urbina, secretaria de la Comisión, dijo que «no solo vemos incumplimiento, sino la instrumentalización de las instituciones públicas por este Gobierno, ya vimos con el Ejército y ahora con la Policía», en relación al incumplimiento del Director de la PNC.

Por lo tanto, la comisión decidió certificar a la Fiscalía  con expediente, notas y pasajes más importantes a la orden incumplida, que podría configurar el delito de incumplimiento de deberes, mismo que es sancionado con prisión de cuatro a seis años y la inhabilitación de su cargo.

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