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Asamblea y Gobierno deberán argumentar a la Sala sobre la legalidad de un préstamo de $250 millones para aumento a pensión mínima y municipalidades

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite la controversia constitucional entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa el decreto 800 de un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaría parte del déficit fiscal del Presupuesto General de este año.

La razón del veto era que la aprobación de la Asamblea Legislativa había sido inconsulta con el Ministerio de Hacienda, por lo que sería inconstitucional.

Estos préstamos contienen el incremento a la pensión mínima de $207 a $305 para este año, así como la utilización de recursos para las alcaldías para enfrentar el COVID-19 y proyectos de comunidad, pues el crédito es sobre el decreto 608 de la adquisición de deuda para atender la pandemia, donde el 30% de lo que se consiguió será para las 262 municipalidades.

En total, son $125 millones para ambos destinos.

No obstante, la Presidencia de la República señaló que con referido decreto se vulneró el principio de deliberación parlamentaria del artículo 135 inciso 1° de la Constitución, por haberse aprobado con dispensa de trámite y sin que el Parlamento justificara dicha decisión ni permitiera la deliberación de sus miembros «sobre la conveniencia o inconveniencia en la aprobación del mismo».

Además, el Ejecutivo argumenta que se recurrió al llamamiento de diputados suplentes para poder ser aprobado.

Ambos Órganos de Estado tendrán 10 días para argumentar al Máximo Tribunal sobre las ilegalidades planteadas.

El Presupuesto General de 2021 es de $7,456 millones con un déficit de $1,185.8 millones, que será financiado con los préstamos restantes de los autorizados para atender a la pandemia y que aún no habían sido aprobados.

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