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Bukele envió iniciativa de reforma la Ley de Acceso a la Información Pública que haría más difícil la obtención de información

El 7 de julio pasado, el Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, presentó en la Asamblea Legislativa, una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El legajo de reformas, van encaminadas a permitir a los entes obligados clasificar como “reservada” toda la información oficiosa que revista en el artículo 10 de la LAIP, entre las que destacan los directorios, correos, salarios y currículum de funcionarios públicos; detalles de asesores; presupuestos asignados a instituciones gubernamentales; contratación de personal; remuneraciones, por categoría salarial, dietas y gastos de representación; planes operativos; listados de viajes de titulares, que involucren fondos públicos; informes contables; inventarios y financiamiento de obras.

El documento, consigna que se modificará el artículo 16 de la LAIP, para que se adecúe a las regulaciones que establecen los artículos 19, 20 y 21, de la referida normativa. Es decir, se le dará la categoría de reservada para un período de siete años.

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El artículo 20 actualmente reza que se puede desclasificar la información cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación y se podrá ampliar el período a otros cinco años adicionales, siempre y cuando se justifiquen las razones, tal y como lo subraya el artículo siguiente.

Declaración patrimonial

Por otra parte, la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, pasarán a la categoría de “Información Confidencial”, que revista en el artículo 24 de la LAIP.

Resolución de controversias

El Ministerio también pidió modificar el artículo 29 de la LAIP, que trata de los fallos de controversias entre solicitantes de información y el funcionario que se niega a desclasificar adendas reservadas; la resolución de controversias solo procederá en los casos que se hubiera iniciado un recurso de apelación por parte de Oficiales de Información.

Integración del Instituto

El ministro solicitó enmendar el artículo 52 de la ley, para delegar a los comisionados suplentes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), asumir funciones en caso de permisos, imposibilidad de concurrir, o se excuse a un comisionado por conflicto de interés “u otra razón válida”. Actualmente, solo se le delegan las facultades de propietario en caso de una renuncia, remoción o muerte del titular electo por el Presidente de la República.

Además, en caso de que exista un empate en las sesiones que lleve a cabo el Pleno de comisionados, con las reformas, se le dará al Presidente del Instituto, el voto calificado. Y si se trata de resolver recursos de apelación o procedimientos sancionatorios, el Presidente del IAIP, podrá llamar a su suplente para desempatar la votación.

Más facultades para el Presidente del IAIP

El artículo 57, que norma la representación de este funcionario en el Instituto, se verá incrementado en cuanto a las funciones se refiere: Podrá planificar, coordinar y supervisar actividades técnicas, administrativas, financieras y programáticas del IAIP.

Modificar estructura organizativa, convocatorias a Pleno, preparar agenda de sesiones, elaborar actas y extender certificaciones y lineamientos que regirán el desarrollo de las reuniones. Podrá crear comisiones que estime convenientes.

Estas funciones, actualmente las desempeña el Pleno de comisionados, según el artículo 58 de la ley LAIP.

Consulta directa

El artículo 63, relacionado a la solicitud de información dentro de los horarios de atención del ente obligado, será reemplazado, ahora en aquellos casos que la entidad pública determine que la información requerida, necesita «análisis, estudio o procesamiento» y si «sobrepasa las capacidades técnicas» para cumplir la solicitud «y que esta no contiene información confidencial o reservada» se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa.

Respuesta

Los plazos para entregar informes de entidades públicas, serán ampliados, mientras que el artículo 71 de la LAIP, establece que es un período máximo de 10 días hábiles para dar una respuesta de la solicitud de información; con la reforma del Gobierno, el lapso aumenta a 20 días hábiles. Diez días más se sumarán si la información requerida excede de los cinco años de haberse generado.

Elevar trámites

Al artículo 72 se le añadirá un nuevo inciso, a fin de que el solicitante de información, reciba del Oficial de Información el informe respectivo en un plazo de cinco días, si éste no lo llega a retirar, será archivada, y deberá hacer nuevamente la solicitud de información.

Para consultar el decreto puede entrar aquí.

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