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Cámara Primero de lo Penal decreta nulidad al proceso contra Norman Quijano por negociaciones con pandillas

La Cámara Primera de lo Penal de la 1° Sección del Centro declaró la nulidad absoluta el proceso penal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, acusado de supuestas negociaciones con pandillas en 2014, según confirmó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.

«La Cámara Primero de lo Penal nos acaba de notificar que ha decidido “favorecer”a Norman Quijano dando lugar a la excepción de falta de acción y decretando la nulidad del proceso desde la presentación del requerimiento», suscribió Delgado en su cuenta de twitter.

La nulidad abarca desde la presentación del requerimiento fiscal y se dejan sin efecto las decisiones a partir de esta, como la detención provisional y el plazo de investigación.

«Declárese ha lugar a la excepción por falta de acción porque no fue iniciada legalmente”, señala la resolución de la Cámara.

La instancia judicial recibió un recurso de apelación contra el inicio del proceso por la defensa de Quijano, una de ellas fue porque este al ser electo como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) posee fuero.

Sobre esto, la Cámara pidió a la Corte Centroamericana de Justicia responder si este posee fuero y mientras se resolvía, dictó suspender temporalmente el proceso el pasado 27 de agosto.

Según la resolución de la Corte, son tres requisitos los que se deben cumplir para poder gozar de la inmunidad y privilegio parlamentario.

Uno de ellos es que se declare y acredite su elección de forma válida por la autoridad nacional correspondiente, el segundo es que el diputado electo tome posesión del cargo ante el Parlacen y el tercero es que se encuentre en el periodo electo.

La segunda motivación de apelación es la prescripción de los delitos, pues el artículo 32 del Código Procesal Penal establece que si la acción penal no inicia en los años que dicta la pena máxima de cárcel, ya no puede haber persecución del delito.

El diputado electo es acusado de fraude electoral que tiene un máximo de 6 años de prisión, que según la defensa, se cumplieron en 2020; en agrupaciones ilícitas es de 5 años.

La tercera fue que la detención provisional no procedía.

La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que interpondrá recursos para revocar la decisión judicial.

«Una resolución emitida justo el día del retiro de la carrera judicial de este juez. ¿Coincidencia? No lo creo. Presentaremos el recurso correspondiente. No más jueces corruptos ni justicia selectiva», dijo el Fiscal General.

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