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Claudia Umaña: «Por más de 38 años, FUSADES ha trabajado en proponer cambios en políticas públicas sociales, económicas, legales e institucionales»

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) reaccionó a la petición de Diputadas de Nuevas Ideas, de revocar la categoría de “utilidad pública” de esta, por supuestos actos de evasión fiscal.

El tanque de pensamiento publicó un comunicado este miércoles, en donde rechaza los señalamientos y condenan lo que califican como un “ataque” a la institución.

“Por más de 38 años […] como entidad privada sin fines de lucro, ha trabajado por el bienestar de los salvadoreños, realizando investigaciones técnicas, proyectos, programas e incidiendo en la generación de políticas públicas […] con investigadores profesionales y académicos de prestigio, con muchos años de experiencia en el análisis de la realidad por la que atraviesa El Salvador”, puntualiza el primer párrafo del pronunciamiento.

Fusades calificó la petición de un atentado “contra la libertad de expresión y contra la libertad de asociación”. “Actualmente FUSADES está siendo atacada por su trabajo, por defender los valores de la democracia”.

En lo que atañe a la investigación que las legisladoras, Marcela Pineda y Alexia Rivas, solicitaron al Ministerio de Hacienda, la entidad afirmó que ha “pagado sus impuestos y ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones legales”.

En ese sentido, piden al Presidente de la República y sus Diputados, el cumplimiento a la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Pineda y Rivas acudieron a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, para solicitar una evaluación de cumplimiento del carácter de «utilidad pública» de FUSADES tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro, que permite a las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, no pagar el Impuesto Sobre la Renta.

Según denunciaron, FUSADES habría iniciado en 1986 una microfinanciera llamada PROPEMI (programa de promoción de la micro y pequeña empresa). Y durante 21 años, otorgó créditos por más de $290 millones, sin pagar impuestos de las operaciones.

Supuestamente la cartera de clientes de PROPEMI fue vendida en 2007 por $50 millones, que no fueron reportados al fisco.

“Cuando el Ministerio de Hacienda le da el carácter de ‘utilidad pública’ a una fundación, significa que los miembros de una institución no pueden generar lucro”, explicó Pineda.

Rivas comentó que, así como FUSADES, otras organizaciones y asociaciones sin fines de lucro utilizan esta categoría para desviar el dinero y así evadir impuestos.

Tanto Pineda como Rivas señalaron que si Hacienda confirma que este mecanismo no se está utilizando, que se le revoque el carácter de utilidad pública.

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