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Comisión Especial escucha a constitucionalistas en torno al 9F

La Comisión Especial que investiga los hechos ocurridos antes, durante y después del intento de golpe de Estado al Órgano Legislativo escuchó a tres abogados constitucionalistas, con el fin de recopilar insumos, desde una óptica constitucional, sobre los acontecimientos en mención.

En ese contexto, y luego de escuchar a los juristas, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA) concluyó: “Hay cuatro aspectos que podrían considerarse. Primero, hubo una ruptura al orden constitucional; segundo, los funcionarios públicos no pueden obedecer indicaciones que violen ese orden; tercero, lo que pasó el 9 de febrero no es normal en un Estado democrático de derecho; y cuarto, el presidente invocó de manera irresponsable el derecho de insurrección, en tanto que no es él el titular de ese derecho”.

Efectivamente, los juristas Enrique Borgo Bustamante, Rodolfo González y Germán Rivera coincidieron en el punto de que el Órgano Ejecutivo violó la Constitución de la República al irrespetar la independencia de poderes y utilizar a la Fuerza Armada con fines políticos.

Además, señalaron que, en el contexto de los hechos del 9 de febrero, hubo coacción hacia los legisladores, lo cual podría acarrear consecuencias penales.

Sobre ese último punto, varios diputados han denunciado que días previos al asalto al Parlamento fueron acosados por elementos policiales en sus lugares de residencia.

La semana pasada, en el seno de esa instancia legislativa, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo desconocer tal situación.

Los abogados también indicaron que el presidente de la República no goza de facultades legales para convocar a un acto de insurrección y remarcaron que ese derecho solo lo tiene el pueblo salvadoreño.

Los parlamentarios acordaron reunirse durante la sesión plenaria programada para este jueves, a fin de definir los nombres de las personas que serían citadas el próximo miércoles, para continuar con el proceso de recolección de información que permita aclarar los hechos del 9 de febrero al interior de la Asamblea Legislativa, un hecho condenado por organismos internacionales y cuerpo diplomático acreditado en el país.

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