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Comité de Veeduría detecta irregularidades en el manejo de fondos para atender pandemia por el Gobierno

La Comisión Especial que investiga los ingresos, colocación de bonos y préstamos del Estado en el marco de la pandemia recibió al Comité de Veeduría y Seguimiento de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender el COVID-19 en el país.

Tras recibir el informe y explicaciones de los integrantes, los diputados señalaron que existen irregularidades en el manejo de los fondos.

Según los datos del comité, son $999.3 millones los recursos que tuvo a disposición el Gobierno en el marco del decreto 608 que autorizó los $2,000 millones, contando las transferencias que en primer momento no provenían de préstamos, sino momentáneamente del presupuesto general; $107 millones se destinaron para Fomilenio II y pensión de veteranos.

El Comité informó que el 98% de los recursos se manejó como presupuesto ordinario, mas no como extraordinario del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) que requería la asignación bajo el decreto 608; es decir, al introducirlos al ordinario no requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.

Del total de fondos, $607.1 al millones Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que posee mayor discrecionalidad y puede evitar el uso de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).

«Se desatendió lo establecido en el decreto. En el Fopromid no se usa la Lacap», señaló Ricardo Castaneda, coordinador del comité de veeduría.

Además, destacaron que parte de los recursos provienen de otras carteras de Estado y de reducción de partidas como en salarios, de los que desconocen hasta el momento si se ha realizado con permiso del Congreso.

El 70% del monto total proviene de nuevo endeudamiento con el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), el 29.5% de recortes a otras partidas de egresos.

«Algunos de los movimientos se ha hecho interpretación extensa de la ley, la tarea era exponer la situación, corresponde a ustedes en Asamblea y de rendición de cuentas», indicó Castaneda sobre los hallazgos y movimientos de partidas presupuestarias.

Ante esto, el presidente de la comisión, René Portillo Cuadra de ARENA, señaló que «hay situaciones irregulares, no las podemos ocultar».

«El artículo 6 del reglamento de ley de Fopromid, toda adquisición con cargo a recursos del fondo, documentación de respaldo para identificar naturaleza y destino del gasto, para registra contable y posterior liquidación y fiscalización, ¿en la información encontraron documentación de bienes y servicios? Y en la ley del fondo que la Corte de cuentas tiene facultades para auditar fondos, así como a las instituciones destinatarias, ¿estas partidas fueron auditadas, se entregó información, tuvieron acceso?», cuestionó el legislador al comité.

A lo que respondieron que el Ministerio de Hacienda ha respondido a las solicitudes de información; no obstante, la información no ha sido vasta ni detallada.

De acuerdo con el decreto 608, se estableció una junta directiva para el manejo de estos fondos que consiste en cinco ministros y el secretario privado de la Presidencia, por lo que se solicitaron las actas de reunión y acuerdos a Hacienda, «la respuesta es que no existen actas».

«Hicimos una solicitud de presupuesto extraordinario a Hacienda, la que obtuvimos era que nada más son 20 millones, se los asignaron a la Asamblea Legislativa a través de préstamo del Banco Mundial, eso es todo. Pedimos base de datos en Excel», detalló, por lo que decidieron profundizar en el destino de fondos.

Estos datos son resultado del tercer informe y actualmente el comité trabaja en la recopilación de datos sobre el destino de los recursos.

«Que no se piense que estamos persiguiendo penalmente», agregaron.

También manifestaron a los diputados que los Ministerios de Turismo, Salud y Agricultura no rindieron informes solicitados por el Comité, por lo que ya emitieron un dictamen preliminar, donde se da derecho a réplica, con respuesta o no de las autoridades, se elabora dictamen final y se traslada al Parlamento, Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR).

«Hay aprobación de ley para el manejo de fondos y lo que queda establecido es que el gobierno no cumplió, omitió el cumplimiento de la ley, ocupó otro mecanismo, contrario a lo establecido. Ese principio de transparencia no se cumplió, el ejecutivo no lo aplicó. Ante un incumplimiento de la ley amerita intervención de la Fiscalía», resaltó Yanci Urbina del FMLN.

Rodolfo Parker preguntó sobre el monto destinado a la cartera de Salud para atender la pandemia de los cerca de $1,000 millones, a lo que respondieron que $30 millones fueron para el Hospital El Salvador y $20 millones para el Ministerio de Salud.

«El principal canal por el que se manejaron los recursos por fopromid, habrá que ver cómo se repartió de fopromid», añadió el comité.

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