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Critican decisión de Salud en declarar información reservada los procesos de adquisición de vacunas contra COVID-19 y plan de vacunación

La decisión del Ministerio de Salud en declarar como información reservada bajo la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) la documentación relacionada a la adquisición de vacunas contra el COVID-19, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y el plan nacional para este fin, fue criticada en la Asamblea Legislativa.

«La reserva de información viola incluso leyes, están tratando de agarrar ciertas leyes que eran un gran beneficio para el país porque, sobre todo, cada uno de los salvadoreños queremos saber dónde se está invirtiendo el dinero y cuánto se está invirtiendo en cada vacuna», manifestó la diputada del FMLN, Elizabeth Gómez.

De acuerdo con la legisladora presidenta de la comisión de salud, hay «oscurantismo» en la declaración de reserva y también aseguró que este tema será invisibilizado con el nuevo Parlamento.

«Los próximos meses ellos tienen ya la correlación perfecta para seguir dando este tipo de maniobras, qué están haciendo con estos tres años, le están diciendo esos temas ya no se tocan», dijo.

Por su parte, el diputado del PCN, Raúl Belthrán Bonilla, manifestó que «todos tenemos derechos a ser debidamente informados, el gobierno deberá responder por qué estas disposiciones, aquí no debe haber reservas para nadie, en ningún órgano porque son fondos públicos, si es regalo bendito sea Dios, que se guarden el informe».

«El que tiene las manos limpias, no debe tener temor de enseñarlas […] no encuentro razones mayores para poner reservas, no es un hecho aislado viene caminando desde hace dos años el IAIP ha sido desobedecido, ¿qué es lo que no se ha reservado? La información es potestad del pueblo», aseveró Mauricio Vargas de ARENA.

Sobre la adquisición de dosis se ha declarado una reserva por cinco años, para el plan de vacunación y el registro de cabinas son tres años.

De acuerdo con los datos disponibles, esta decisión es relativa al artículo 19, literal d de la la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),  que establece información reservada como “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”. 

La reserva es total para los tres casos.

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