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Denuncian despidos en la Alcaldía de Mejicanos

Empleados de la Alcaldía de Mejicanos, denunciaron este martes, que la administración ha ordenado el despido inmediato de más de 100 empleados.

Los trabajadores llegaron esta mañana para ejercer sus labores, pero en el sistema de marcación, ya no aparece su huella. Unos 25 empleados de la comuna se habrían llevado la sorpresa este día, manifestó Karen Suncín, quien trabaja en la municipalidad.

“Ninguno aparece en la marcación, nadie se nos ha acercado, ni nos han dicho porqué no aparecemos, no nos han presentado nada escrito, estamos esperando aquí, hasta que se nos explique”, aseguró, mientras se encontraba apostada en las afueras de la municipalidad, junto al resto de trabajadores despedidos, a quienes se les impidió el acceso a las instalaciones, por órdenes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

Suncín dijo que esperan que el edil, Saúl Meléndez, los reciba para aclarar la situación.

El edil dijo en una entrevista televisiva a mediados de mayo, que, en efecto, iban a prescindir de aquellos empleados que cuenten con cargo de confianza; sin embargo, los afectados dijeron que ha habido despidos en áreas de desechos sólidos, puestos administrativos y otras dependencias de la municipalidad, que fueron contratados desde hace diez años.

La Confederación Nacional Trabajadores Salvadoreños (CNTS), denunció este lunes, que al menos 13,000 empleados de 262 Alcaldías, han sido separados del cargo, sin ninguna justificante.

Roberto Gómez, representante de la confederación, pidió al Estado salvadoreño frenar las acciones y encaminar una mesa de diálogo. “Pedimos al Ministerio de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia, porque ahí están los juzgados laborales y las Procuradurías de Derechos Humanos, y General, resolver esta situación, y nosotros como representantes, pedimos que se nos convoquen para explicar la problemática”, anunció.

Los Representantes del CNTS indicaron a la prensa, que enviarán una nota de protesta a la Organización Internacional de Trabajo, en donde expondrán los despidos y atropellos a derechos laborales de al menos, 45,000 personas que han sido cesados de instituciones públicas y autónomas.

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