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Diego García Sayán: El Gobierno «presionó» para procesar a Sigfrido Reyes

Para el Relator Especial de Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, el Gobierno salvadoreño utiliza el sistema judicial como instrumento de acoso político contra figuras de la oposición.

El titular del organismo internacional señaló que el Ejecutivo “ha presionado” al Poder Judicial para acelerar procesos en juzgados, y ejemplificó el caso de Sigfrido Reyes, el ex presidente de la Asamblea Legislativa (2011-2015), miembro del partido FMLN, acusado de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero.

El experto dijo que las decisiones judiciales deben ser acatadas, “no interpretadas” por otros poderes del gobierno y subrayó que los tribunales no deben desacreditarse a los ojos del público “utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición”.

“La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019, a pesar de que la Sección de Probidad de la misma Corte informó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia. Para escapar de esta persecución política, Reyes buscó protección en México, país que le concedió asilo”, reza parte del pronunciamiento a favor del ex dirigente de izquierda.

García-Sayán dijo que este tipo de causas “no tienen ningún fundamento jurídico” sino que parecen formar parte de una “estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos” que tienen por objeto “intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes. Esto es completamente inaceptable en una democracia”, recalcó.

Según las informaciones del experto, mediante su cuenta de Twitter, el presidente Bukele jugó un papel importante en el juicio de Reyes y personas cercanas.

“El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador”, matizó.

Recordó que la independencia del poder judicial está consagrada en la Constitución y en la ley del país y que es deber de todas las instituciones del Estado, incluido el presidente, “respetar y observar la independencia de los tribunales nacionales”.

El relator especial dijo que el de Reyes “no es un episodio aislado” y mencionó que en los últimos meses “parece haberse producido una serie de violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del poder ejecutivo, en particular el presidente Bukele”.

“Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia”, concluyó el experto.

Exhortación a desoír decisiones de la Corte Suprema

En septiembre pasado, el mandatario exhortó a las autoridades fronterizas a que hicieran caso omiso de un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional una decisión del poder ejecutivo que denegaba la entrada a El Salvador a los nacionales y extranjeros con derecho de residencia a menos que presentaran una prueba COVID realizada en las 72 horas anteriores.

El presidente había atacado previamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por otro veredicto, calificando a los magistrados de “hipócritas y malos abogados”.

“Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia”, concluyó el experto, e insistió en que no debe haber ninguna intervención inapropiada o injustificada en el proceso judicial y que las autoridades nacionales deben respetar y acatar las decisiones del Tribunal Supremo.

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