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Diputados desisten de dictamen que contenía reformas a Ley de Historial Crediticio

La Asamblea Legislativa tenía en agenda para la sesión plenaria de este martes el dictamen favorable de la Comisión Financiera en la que se reformaría la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas; sin embargo, pidieron que regresara a estudio.

Las reformas fueron presentadas por diputados de Nuevas Ideas el 20 de julio.

Fue el diputado Caleb Navarro quien solicitó en el pleno que el dictamen favorable regresara a la comisión.

¿Qué reformas se planteaban?

Según los legisladores cyan, las reformas “defienden el derecho a la autodeterminación informativa” y el “derecho al honor y la intimidad”, pues se habrían identificado abusos de los burós de créditos, pues comercializan la información de los usuarios y cobran una comisión que va desde los $5 hasta los $11 dólares, por consultar el récord.

Bajo las reformas se les brindaría a estas empresas un plazo de 180 días para actualizar la información de los consumidores. A partir de ahí, queda como norma contar con 24 horas -como tiempo máximo- la modificación de los datos.

El objetivo de ello es que una vez el consumidor obtiene su finiquito, entonces salga de la lista de mora financiera.

también se les solicitará a los burós crediticios incrementar su capital para que puedan invertir en tecnología, en innovación y de paso inmobiliariamente; es decir, de los $150,000 que les permite la ley, pasará a $500,000 y deberán instalar centros de servicios en los 14 departamentos.

Además, cada buró de crédito debe proveer de una aplicación móvil para que los usuarios puedan consultar su historial crediticio en tiempo real. Si el usuario no cuenta con teléfono inteligente, deben proveer un servicio que les permita a los usuarios recibir su récord por medio de mensaje de texto.

En cuanto a sanciones, la reforma le da mayor competencia a las instituciones del Estado, en este caso la SSF podrá realizar supervisiones a los burós de crédito una vez cada tres meses para verificar que cumplan con la ley.

La Defensoría del Consumidor obtendrá las herramientas jurídicas necesarias para poder actuar de oficio y no únicamente en base a una denuncia.

De no cumplirse con la normativa, entonces estas instituciones de bases de datos podrían tener una multa de 10 hasta 1,000 salarios mínimos e incluso perder la autorización de operar en el territorio salvadoreño. Esto último ocurrirá si obtiene de dos a tres sanciones, depende de la gravedad.

A partir de 90 días, el Banco Central de Reserva (BCR) deberá emitir la normativa correspondiente para robustecer este marco legal.

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