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Diputados evalúan endurecer sanciones a infractores de la Ley de Tránsito

Reformar la Ley de Tránsito es una de las apuestas de la Comisión Obras Públicas, Transporte y Vivienda y con este propósito visitó las instalaciones de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC). 

A su llegada, los diputados conocieron el trabajo y las necesidades que enfrenta la unidad policial. El jefe de la División de Tránsito, Alex Lemus, expuso las estadísticas de accidentes en el país. Desde el 1 de enero hasta el 13 de julio del presente año, se han registrado 10,151 percances viales, con un promedio diario de 52 y  4 fallecidos por día. 

Estas cifras generan preocupación entre las autoridades, por lo que consideran urgente aplicar sanciones mas drásticas hacia los conductores. 
 
Entre algunas de las propuestas de las autoridades de tránsito están que el Ministerio de Educación incorpore una materia de sensibilización vial; también 
que se impongan fuertes sanciones para quienes conducen en estado de ebriedad. 

Además, señalaron que la normativa debe establecer una sanción hacia los motociclistas que no usen el casco adecuado. Solo durante lo que va del año se reportan 284 fallecidos en accidentes de moto. 

“Estamos aquí para todos los cambios que quieran implementar en la educación vial. Estamos como bancada GANA para cualquier beneficio hacia  los salvadoreños”, expresó el diputado Ricardo Vásquez. 

Posterior a la exposición, los legisladores recorrieron las instalaciones del centro de monitoreo del Sistema de Emergencia 911 y de la División de Tránsito. 

“Otras de las denuncias que hemos recibido son de los transportistas, quienes no exigen documentos de los conductores que contratan y tampoco les dan un seguro de vida. Vamos a trabajar en esas reformas para que las sanciones sean lo mas fuerte posible”, agregó la diputada de Nuevas Ideas, Dania González. 

Otra reforma a estudiar por los diputados será que el pago de las multas sea obligatorio, debido a que muchos infractores evaden la sanción. De acuerdo con datos policiales, esto genera cerca de $14 millones que no llegan a las arcas del Estado y se buscaría que un porcentaje de lo recaudado sea dirigido a la División de Tránsito para mejorar su servicio.

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