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Diputados piden a la FGR y Corte de Cuentas investigar posibles delitos en operaciones presupuestarias del Gobierno

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó presentar un aviso a la Fiscalía General de la República por posibles delitos cometidos por autoridades de Gobierno, así como pedir a la Corte de Cuentas de la República (CCR) una auditoría especial para constatar operaciones presupuestarias ilícitas por $354.2 millones.

Esto debido a que el pasado 26 de noviembre, el Parlamento aprobó la reforma al decreto 640 que contenía $1,000 millones del fideicomiso para la recuperación económica de empresas por el COVID-19 y el pago de proveedores para incluir como destinos el pago de la contrapartida de FOMILENIO II por $50 millones, así como $288 millones para el Fondo para el Desarrollo Social de los Municipios (FODES) por deuda de siete meses y $16 millones para la pensión de veteranos y excombatientes de guerra.  

Según los legisladores, se basaron en la solicitud de asignación presupuestaria que formuló el Ministerio de Hacienda de $1,000 millones conseguidos en con la emisión de bonos ante el mercado internacional.

Dentro de esta petición, Hacienda expuso que $645.8 millones se dirigirían al déficit aprobado en el presupuesto 2020 y los $354.2 restante serían parte del decreto 640.

Por su parte, los parlamentarios consideraron que debido a que los fondos para el fideicomiso se consiguieron mediante colocación de $645.8 millones de deuda en Certificados del Tesoro del Gobierno de El Salvador (CETES) modificaron esta solicitud para dar la nueva asignación de recursos.

¿Uso ilegal de fondos?

Ese mismo día, el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseveraron que lo aprobado era ilegal y que era «materialmente imposible», ya que los fondos habían sido utilizados bajo el decreto original.

«Lo ocupamos en otra cosa, lo invertimos en otra cosa […] Ya se ejecutó, lo único que no fue ejecutado fue el fideicomiso», señaló Bukele la noche del 7 de diciembre en una conferencia.

Conforme a los datos del mandatario, los $354.2 millones se habrían utilizado en IVA a exportadores y pago a proveedores, siendo por decreto, lo restante al fideicomiso; no obstante, no lo dijo de forma literal.

Por lo tanto, el Gobierno aseguró que los fondos no estaban disponibles para la nueva asignación.

Este aspecto fue tildado por diputados como posible «malversación de fondos».

En sesión plenaria de este jueves, los legisladores recibieron la notificación de los dos vetos presidenciales a referidos decretos por presunta inconstitucionalidad, mismos en los que se detalló que al momento que fueron aprobado, el Ministerio de Hacienda ya había «cumplido con el mandato legal del decreto legislativo 640», por lo que adolece del vicio de «falta de recursos para disponer los destinos que pretendía cubrir».

Ante esto, los parlamentarios consideraron que el Ejecutivo no ha seguido el proceso constitucional para adquirir nueva deuda a la Ley de Presupuesto para crear las líneas presupuestarias, lo que es facultad exclusiva del Legislativo.

Es decir, habría utilizado el dinero sin autorización legislativa que confiere la Constitución de la República, lo que implica la suscripción de préstamo y la ratificación o asignación de fondos al presupuesto.

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