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Enrique Anaya: » Es grosero que se esté ocupando la justicia como un mecanismo de represión contra los enemigos políticos»

El cambio de medida cautelar que le han hecho al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y el extesorero de la comuna, Fernando Portillo, es un acto de represión política, manifestó el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Así lo expresó tras conocer que magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal revirtieran el arresto domiciliar para los imputados.

Anaya recordó que el juez de Paz que ve el caso decretó detención provisional, la defensa apeló y la Cámara Tercera de lo Penal hizo un cambio de la medida cautelar y en lugar de detención provisional puso arresto domiciliario.

La Dirección General de Centros Penales no cumplió con la orden de arresto domiciliario y retiene ilegalmente al imputado

La Fiscalía General de la República pide a la nueva Cámara Tercera de lo Penal que deje sin efecto la resolución que ordenó arresto domiciliario: esa petición es notoriamente improcedente, porque la resolución ya estaba firme, según Anaya.

El abogado constitucionalista señala que no conoce personalmente al exalcalde y dice que no es abogado defensor de él, pero cuestiona que los magistrados recién nombrados en la Cámara Tercera de lo Penal dejaran sin efecto la resolución.

“La Fiscalía interpuso recurso contra esa resolución y ese recurso fue rechazado, por lo tanto una medida cautelar de arresto domiciliario ya es una resolución firme. Para cambiar la resolución de arresto domiciliario se puede hacer, pero hay que pedir una revisión de medidas cautelares que se llama eso en la jerga jurídica del proceso penal. Sin embargo, en este caso lo que hizo la Fiscalía fue que le pidió la Cámara que dejara sin efecto su propia resolución que ya estaba firme, es un adefesio jurídico terrible, una aberración, pero lo peor es que la Cámara admite y sin darle audiencia a la defensa, decide cambiar la medida, deja sin efecto la medida de arresto domiciliario y vuelve a ordenar la detención provisional y ordena por supuesto, pues, que se devuelvan las cantidades de dinero depositadas”, dijo el abogado.

La resolución contra el exalcalde de San Salvador se ha dado tras la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, con las cuales se destituyó a jueces mayores de 60 años de edad o con 30 años de servicio, entre ellos los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal.

A juicio del abogado constitucionalista Enrique Anaya es una aberración el cambio de la resolución de la Cámara hecha por los magistrados sustitutos de esta.

El jurista explica que la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede el derecho a acceder a los tribunales en un caso como el del exalcalde.

“Además de eso que tienen que resolver dice, por el derecho de petición, está bien pero el derecho de petición no significa resolverá favor, también hace una mezcolanza que refleja ignorancia, traza entre cambio de precedentes y cambio de medidas cautelares, que es definitivamente un arroz con mango y salsa del negrito: un asco jurídico total. Muy importante es que después de la verborrea que tiene esa resolución no da ningún motivo específico por el cual la detención provisional es la medida más conveniente y apropiada para ese caso, así que lamentablemente, en conclusión, creo que está reflejado en la medida de detención provisional, está siendo utilizada ya como un castigo anticipado contra esas personas. La medida de detención provisional debe ser no como un castigo anticipado, debe ser cuando se estima que hay un evidente riesgo de fuga o se estima que hay un evidente riesgo de destruir pruebas. Entonces se decreta la detención provisional pero aquí no se alega nada”, explica Anaya.

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, agrega que la justicia siempre ha tenido deficiencias pero hoy califica de grosero que se esté ocupando la justicia como un mecanismo de represión contra los enemigos políticos, adversarios, disidentes del presidente de la República.

El exalcalde y el extesorero de la Alcaldía de San Salvador son acusados de los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública. A Muyshondt también se le acusa de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública.

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