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Entregan a la Corte Suprema el expediente de España por el que se condenó a Inocente Montano por la masacre de Jesuitas

Para realizar una «investigación rigurosa» que permita castigar a los responsables de la masacre de Jesuitas del Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», hecho ocurrido en el marco de la Guerra Civil el 11 de diciembre de 1989, dos organizaciones salvadoreñas trasladaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente judicial de España por el que se condenó a Inocente Montano a 133 años por ser responsable del crimen, según afirmó un medio español.

Una de estas organizaciones es el Centro Guernica para la Justicia Internacional y Víctimas Demandantes (VIDAS), que a través de un comunicado señalaron el traslado de las actuaciones penales que se realizaron en la Audiencia Nacional, pues exponen que «en la actualidad (los autores) permanecen en la impunidad».

Sobre el caso

En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre; entre estos, el expresidente Alfredo Cristiani y militares que se desempeñaron como funcionarios en cargos de ministros, viceministros.

El caso fue cerrado por la vigencia de referida ley por el Juzgado Cuarto de lo Penal, ahora Juzgado Cuarto de Instrucción.

Reapertura en 2018

En 2016 se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se retoman casos, como el de la Masacre de los Jesuitas y sus autores intelectuales.

En 2018, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo que se dictó en el año 2,000 a favor de referidos imputados.

Interponen recursos contra esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que ratifica la reapertura del caso.

No obstante, interponen recurso de casación ante la Sala de lo Penal ese mismo año.

El pasado mes de octubre el máximo tribunal en materia penal confirmó el sobreseimiento definitivo de los exmilitares y expresidente, a quienes se acusaba de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras; por lo que no habría opción a la reapertura del caso.

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