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Feministas exigen al Estado salvadoreño cumplir sentencia de la Sala que ordena una legislación para regular el aborto

Colectivos feministas lamentaron la decisión del Presidente Nayib Bukele de desechar el derecho sexual y reproductivo, de la propuesta de reformas constitucionales que presentó el Equipo Adhoc el pasado 15 de septiembre.

Tres días después de presentado el documento, Bukele anunció que no irá incluida el aborto, bajo ninguna causal. Pese a que en el borrador original, se aborda una disposición que abría paso a la interrupción del embarazo cuando se detecten problemas en la gestación.

Esto para las demandantes representa un retroceso a la lucha por los derechos a la vida de las mujeres, pues en la sentencia 18-98 de la Sala de lo Constitucional, mandataba a la Asamblea Legislativa una legislación secundaria que resolviera los conflictos de derechos de la mujer y el “producto en gestación”.

“No está en manos del Presidente cerrar la puerta al aborto por causales específicas, porque hay una sentencia de la sala, que está vigente y que ya estableció que hay colisión de derechos entre la gestante y nasciturus y mandató a la asamblea para legislar y resolver la controversia. Pero sí está en sus manos, permitirle a los Diputados oficialistas que cumplan con el mandato. Y segundo, sancionar este proyecto”, señaló Lorena Peña, directiva de Colectivo Feminista.

Las gremiales exhortaron al Gobierno a promover una ley que despenalice el aborto por cuatro causales: por trata de personas, riesgo de muerte de la madre, vida extrauterina inviable y cuando sea una niña víctimas de abuso sexual.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe el aborto, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso, el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de los dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 40 años de prisión.

En el primer trimestre del 2021, se reportaron 6,938 niñas y adolescentes embarazadas, superando la cifra de 2020, que fue de 6,839 casos.

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