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FGR: Mauricio Funes y Mecafé procuraron que empresa ganara la licitación para seguir utilizando avión como intercambio

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes, en el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, el requerimiento contra el ex Presidente Mauricio Funes, Miguel Menéndez (alias Mecafé) y el empresario guatemalteco, Jaime Aparicio Mejía, por los delitos de lavado de dinero y activos, y cohecho (soborno) respectivamente.

Según consta en el expediente fiscal, ambos funcionarios salvadoreños recibieron dádivas por parte del guatemalteco, a cambio de que el Ministerio de Obras Públicas, lo favoreciera con la adjudicación del contrato de construcción del Puente San Isidro, sobre el Río Lempa –jurisdicción de Chalatenango- en el año 2013.

Aparicio, como representante de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción S.A. (SERDELCO S.A.), le entregó a Funes y Menéndez un avión Beechcraft King Air 90 GT ADL, tras obtener el proyecto, el cual costó $8 millones 487 mil 716.

“El interés que tenía el empresario en participar en la licitación era fuerte, pero además quería garantizarse que se iba a quedar con ese contrato…cuando se hace la entrega del avión, se hizo en enero del 2013, el proceso de licitación privada da inicio en marzo de 2013”, reveló el fiscal del caso.

De acuerdo con la representación fiscal, Cuando la Comisión Evaluadora de Obras Públicas revisa la oferta de SERDELCO, determinó que ésta no cumplía con las condiciones técnicas, ni con la capacidad para el desarrollo de la obra y recomienda dar por desierta esa licitación.

“Ahí comienza una serie de pasos que da a conocer el favorecimiento que se hace para la sociedad, a fin que se les adjudicara la obra, puesto que se había recibido el avión”, matizó el fiscal, quien reveló que la empresa ni logró dar con los tiempos para presentar el diseño del puente, y conllevó a que la licitación caducara.

“La empresa reclamó la devolución de esa nave, pero los imputados Funes Cartagena y Miguel Menéndez Avelar, ya habían hecho uso y disposición del avión y no lo devolvieron, es decir que quedó bajo su custodia”, manifestó el representante del ministerio público.

El fiscal dijo a La Poderosa, que se cuenta con toda la prueba documental, como las bitácoras de vuelo y las salidas del avión, incluso después que Funes salió de la presidencia en el año 2014.

Según los registros, Menéndez utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Los Estados Unidos, durante el periodo del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.

Funes utilizó la aeronave en 16 vuelos con seis destinos a Los Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, durante el periodo del 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014.

La FGR informó que Funes y Mecafé serán acusados por Lavado de Dinero y Activos, y Cohecho propio (soborno); Aparicio será llevado a tribunales bajo los cargos de cohecho activo.

La institución fiscal informó este jueves, que la nave permanece en un hangar del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, tras un proceso de incautación coordinado en conjunto con las autoridades judiciales de aquella nación.

Esta sería la séptima acusación que se le acumula a Funes. Actualmente enfrenta cinco procesos penales y dos investigaciones.

Mecafé se encuentra guardando prisión, en el centro penal La Esperanza, por el entramado de desvío de fondos producto de tratos irregulares para continuar la construcción de la Presa El Chaparral.

Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre del 2016, su pareja Ada Mitchell Guzmán y sus hijos, a quienes se les acusa de lavado de dinero.

A Funes se le atribuye como el principal sospechoso del desvío de $351 millones, provenientes de la Cuenta Subsidiaria de Casa Presidencial, según la acusación, el ex mandatario izquierdista trasladó el dinero –usando al Banco Hipotecario como intermediario– a cuentas personales.

De acuerdo con los datos judiciales, el clan Funes y parte de sus ex funcionarios, dispusieron el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados  a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la fiscalía.

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