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Fiscalía allana oficinas del Ministerio de Salud investigando probable corrupción en compras de la pandemia

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una serie de allanamientos en oficinas administrativas del Ministerio de Salud.

De acuerdo a una fuente institucional, los fiscales están tras documentos que den fe de las contrataciones que ha realizado la cartera de salud, para enfrentar la pandemia por el COVID-19.

La primera unidad allanada fue la oficina del Ministerio, ubicada en la calle Arce en San Salvador.

Personal de la FGR ingresó con material de embalaje al Ministerio de Salud Pública. Hoy se aprobaron 140 allanamientos a diferentes oficinas del Ministerio de Salud por compra de insumos durante pandemia de COVID-19.

Los Fiscales han estado entrando y saliendo con cajas pero se niegan a dar declaraciones a la prensa.

Alrededor de las 9:30 de la mañana la FGR se hizo presente a las oficinas de la cartera de estado. Fuentes dentro del Ministerio de Salud aseguran que el allanamiento incluye al despacho del Ministro Francisco Alabí.

Antecedentes

El 30 de Julio del 2020, el Fiscal General Raúl Melara aseguró que han abierto investigación en el marco de la pandemia por el COVID-19 y el manejo de recursos por parte del Gobierno para este fin.

“Hay procesos abiertos, sobre hechos que han sido denunciados o del conocimiento de la Fiscalía, no podemos iniciar una investigación prejuiciados contra x o y persona, primero analizamos los hechos y después vamos viendo si es cometimiento de delitos y quienes son las personas que salgan involucradas en el mismo”, aseguró.

El funcionario destacó que “sí procesará” a quienes estén implicados en desfalco a las arcas del Estado, en el marco de la pandemia. “No se vale que nadie sea funcionario o no, se robe el dinero de la gente para beneficio propio, créanme que eso no lo voy a permitir”, aseveró.

Melara también mencionó que “en aras de una investigación objetiva”, no puede “saltarse” las atribuciones de las instituciones de Gobierno, en el sentido de dedicarse a auditar los gastos gubernamentales y atribuyó esa competencia a la Corte de Cuentas de la República (CCR) como ente fiscalizador de la gestión pública.

“Todas estas denuncias que se están haciendo, algunas con mayor fundamento involucran un elemento de auditoría que es importante si ha habido un mal manejo, y dependemos de instituciones como la CCR, para que defina un dictamen y nosotros procedemos (…) no somos auditores, no tenemos la labor de acompañamiento, somos acusadores pero no auditores”, explicó.  

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