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Foro del Agua pide ser incluidos en la discusión de la ley de agua pues ven vacíos en la propuesta gubernamental

El Foro del Agua presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa un pliego de observaciones a la ley presentada por el Gobierno de El Salvador.

Dentro del proyecto de decreto que fue presentado el 18 de junio, contiene una serie de “vacíos” que podrían vulnerar derechos ambientales y humanos, destacó Ariela González, representante del Foro del Agua.

La ambientalista señaló que, si bien el Gobierno retomó parte de las propuestas que presentó el colectivo en 2006 y en 2013, carece de aspectos fundamentales como la justicia, equidad, sustentabilidad y participación en la administración del agua para toda la población.

“Básicamente se deja de lado, la participación ciudadana en la gestión de la cuenca, a través del comité zonales de cuenca, mujeres, ADESCOS, comunidades, todas estas estructuras creadas sin fines de lucro y con el afán de abastecer a la población de proveer acceso a aquellos lugares que ANDA no ha logrado proveer”, explicó al respecto.

En total, son 49 artículos que el Foro del Agua propone añadir a la discusión, estos tienen que ver con el abordaje del agua como fuente de vida y no recurso; un régimen de administración especial para la cuenca del Río Lempa; participación ciudadana desde la cuenca acuífera; planificación hídrica; ordenar prioridades en la ley por consumo humano, ecosistemas y riego de cultivos; y reconocimiento a la figura de las juntas de agua.

En su primera reunión, la Comisión Ad Hoc que estudiará la Ley del Agua acordó con mayoría que de las 2 propuestas que entraron a la Asamblea Legislativa, se trabaje como base con la Ley de Recursos Hídricos que presentó el Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La propuesta de organizaciones fue descartada debido a que los diversos sectores serán escuchados en las sesiones de trabajo que se realizarán todos los jueves a las 9:00 de la mañana con días temáticos, como academia, ambientalistas, agricultura y otros.

La Presidenta de la Comisión, Sandra Martínez, propuso que se tomara de base la propuesta gubernamental y se aprobó con 9 votos. Al salir de la comisión, el Secretario de la instancia, Christian Guevara, de Nuevas Ideas, defendió la decisión en que «se fue a votación, decidimos tener solo un marco jurídico, la diputada Dina Argueta propuso que se tomaran las otras propuestas, hay como 5, vamos a trabajar solo un marco jurídico».

La instancia legislativa sesionará por segunda ocasión este jueves 8 de julio a las 9:00 de la mañana.

Organizaciones del agua piden a Diputados entrar a discusión de la ley

Las organizaciones que aglutinan la Mesa Nacional Contra la Privatización del Agua, señalaron dudas respecto a la propuesta de Ley General de Agua, que presentó el Gobierno y que fue conocida este jueves por parte de la Comisión Ad-hoc conformada por la Asamblea Legislativa.

La primera reunión que se llevó a cabo el 8 de julio pasado, concluyó que los parlamentarios trabajarán la nueva legislación sobre la base de la propuesta del Ejecutivo, algo que para Luis González, representante de la Mesa, riñe con los cinco puntos no negociables que han presentado las organizaciones que velan por la defensa del vital líquido.

Los puntos fundamentales que debe contener la ley y que no fue contemplado en el documento gubernamental son:

–              Agua como bien público, no sujeta a privatización, según González, la propuesta del Gobierno contiene elementos que “promueve el desarrollo económico y social”, que se traduce en la participación de empresas con dos tipos de autorizaciones para manejar el vital líquido, dependiendo del rango de metros cúbicos usados.

“No cuenta con algunos elementos claves, los diferentes usos, balance hídrico, cantidades de carga del acuífero, uno no sabe cuánta agua puede proveer un acuífero, si alcanza para consumo humano, agricultura, mantener ecosistemas, no se puede poner una cantidad de metros cúbicos por ley, sin sopesar esto”, explicó.

–              Separación de permisos conforme a rubros específicos. En este caso, la Mesa sugirió calcular los usos que se le da al agua, y que las instituciones que participarán en  la nueva autoridad que regirá este recurso se encarguen de dar la autorización.

“Yo puedo asignar tal monto para ANDA, para que brinden agua a la población, tal monto al Ministerio de Agricultura, para que puedan disponer del riego de alimentos y avenamientos; tal cantidad a la CEL, para garantizar la producción energética”, ejemplificó.

–              Participación pública en la toma de decisiones del agua. La junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que propuso el Gobierno, si bien tiene representación de instituciones públicas, suprime dependencias claves para gobernar el agua, como organismos nacionales de cuencas, dirección de planificación, dirección de monitoreo y seguimiento y un tribunal de apelaciones, cuando solo tiene un tribunal sancionador.

Por otro lado, González esgrimió que el Gobierno no plantea la creación de organismos de veeduría ciudadana, algo que las organizaciones sí habían pedido crear. “Había participación en organismos en las mismas oficinas que el Gobierno eliminó en su propuesta”.

–                Gestión sustentable. Rodolfo Calles, parte del equipo de la Alianza Nacional, expuso que la iniciativa del Gobierno no garantiza la recarga de las cuencas hidrográficas, a partir del hecho que no se ha elevado el agua a rango constitucional, a fin de garantizar el acceso al vital líquido y su saneamiento.

El ambientalista propone políticas de resarcimiento de cuencas, debido a que son los principales generadores de agua para las comunidades, “estamos cuestionando que la ley del gobierno ha eliminado las estructuras sociales de cuencas y las ha colocado en una junta directiva que se reunirá cada dos meses, es grave, porque esa estructura debería tener su control en cada cuenca y en cada una sustentar el proceso para facilitar el suministro”.

–               Régimen Económico. Además, dijo que el Estado debe insistir en que los cobros por el suministro de agua debe ir acorde a su uso, tanto consumo y doméstico, como privado.

“Deja abierto los cánones de precios, será complicado, porque juntas y comunidades se van a convertir automáticamente en pequeñas empresas privadas para poder subsistir, cuando la capacidad de suministro de agua puede ser mucho menor a una empresa”, indicó.

La Alianza envió este miércoles a la Asamblea Legislativa una solicitud en la cual piden ser incluidos en la discusión de la ley. La comisión ad hoc, se reunirá este jueves.         

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