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Francisco Alabi dice que la Ley de atención a pandemia que ordenó publicar la Sala lo tiene de manos atadas

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, se refirió a la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19, que emitió la Asamblea Legislativa y que vetó la Presidencia, de la que la Sala de lo Constitucional resolvió el conflicto y ordenó que debe ser sancionada y publicada para que entre en vigencia.

Según Alabí, esta ley «ata de manos al Ministerio de Salud».

El funcionario expuso a los medios que esta ley había sido declarada inconstitucional por el Gobierno porque los diputados habían tomado atribuciones que no le competían, como elaborar una política de salud; ya que comprendía algunas acciones para atender la pandemia, pero «nos dejan descubiertos en un montón de intervenciones que pueden ser necesarias para el manejo del Ministerio de Salud».

Referida ley prohíbe que se decreten cuarentenas nacionales y los cercos epidemiológicos no pueden privar de la libertad de circulación a la población, sino que se deberá recurrir a tamizajes y monitoreo.

«No solo se trata de una acción a favor del manejo de la pandemia, sino de una serie de actividades que tienen que tomarse en cuenta para generar los mejores efectos, a veces se quiere optar por hacer creer que estos aspectos va incluidos todos los aspectos para tratar toda la enfermedad, realmente lo que se hace es atar de manos al ministerio de salud como se ha venido haciendo», manifestó el titular de Salud.

Asimismo, destacó que las actividades no contempladas o no permitidas, son acciones que evitarían el crecimiento de los contagios de COVID-19.

Alabí reiteró que la ley aún no ha sido sancionada ni publicada por la Presidencia de la República, por lo que aún no ha entrado en vigencia ni puede ser aplicada.

Si transcurren los ocho días hábiles siguientes al de recibir esta notificación y el Presidente no sanciona el Decreto n°757 (ley de atención a pandemia), se tomará como sancionado o aprobado; si luego de 15 días más no se publica en el Diario Oficial, lo hará el Presidente de la Asamblea.

La Ley tiene una vigencia de ocho meses.

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