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Gobierno va contra dos ex directores del ISSS, por irregularidades en la construcción del Hospital de San Miguel

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro y la Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Mónica Ayala, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en el proceso de construcción del Hospital Regional de San Miguel, durante los períodos de los ex presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Castro explicó a la prensa que en el Gobierno de Funes (2013), el ex presidente del ISSS, Leonel Flores preparó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en donde el ISSS sometería a concurso internacional, la construcción del nosocomio.

La Oficina abriría licitación y términos de referencia, bajo la figura de acuerdos complementarios, se tomaron “plenos poderes” y se acordaron procedimientos y alcances, sin consultar con Cancillería de la República o con la Presidencia de la República.

Durante esa administración, que concluyó en 2014, problemas en los diseños y dificultades administrativas, el convenio no se cumplió.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez Cerén (2014-2019), retomó el acuerdo, bajo la gestión de Ricardo Cea, quien presidió la autónoma; supuestamente entregó a la UNOPS el control de los procedimientos y proyectos de la obra, continuando el acuerdo firmado por Flores.

«Los ex directores negociaron con la UNOPS acuerdos que permitieron realizar aumentos desproporcionados en los costos de la obra, y despojaron al ISSS de las facultades sobre su propio proyecto», explicó Castro. Este incluía las licitaciones, adquisiciones de bienes y suministros, contratación de servicios, obras constructivas, manejo de fondos, erogaciones, supervisiones, resolución de conflictos, sin que el ISSS tuviera representación decisoria.

“El Doctor Cea, llevó esto al Consejo Directivo del Seguro y tras firmar el acuerdo complementario, le dio a la UNOPS el control de $62 millones, del dinero de los derecho habientes para desarrollar esto, sin el aval del Presidente de la República y el Canciller de la República”, añadió.

En los registros del ISSS, no se cuenta con información que detalle la negociación de Sánchez Cerén, por lo tanto se realizó otro mecanismo apuntó Mónica Ayala, quien dirige actualmente la institución.

“Cancillería no encontró registros de la negociación, el ex presidente Sánchez Cerén no otorgó un poder legal para firmar este acuerdo”, señaló.

En agosto de 2016, relató Ayala, la UNOPS licitó la obra, en la cual, 29 empresas retiraron las bases de licitación, pero sólo una ofertó: Internal Business and Trade LLC (IBT), propiedad del empresario dominicano José Ramón Brea.

“Esta empresa fue la única que ofertó, incluso las 28 empresas restantes reclamaron porque los plazos eran bien cortos, los trámites eran muy lentos, y los costos eran elevados, todo parecía que se estaba beneficiando a IBT”, aseveró la funcionaria.

Luego del contrato, el costo de la obra se elevó: de $62 millones 965 mil 565 dólares, pasó a $83 millones 13 mil 79 dólares; “se incumplió con los plazos, con los términos pactados en un inicio, y lo peor, es que el ISSS, no podía opinar nada, es decir, el Seguro Social no tenía control del mismo proyecto por el que estaba pagando”.

La construcción de la regional inició en 2017, y se esperaba que fuera terminado en marzo de 2019, sin embargo, este sufrió otros inconvenientes. “Encontramos 824 daños a la infraestructura, y cuando entró este Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la obra tenía el 98% del avance”, dijo Ayala.

Castro dijo que el Seguro Social no puede reclamar por el incumplimiento del contrato, y además está sujeto a pagar gastos adicionales por arbitrajes.

“El contrato que firmó el doctor Ricardo Cea, es nulo, carece de nulidad. Por eso vamos a presentar esta denuncia a fin de que la Fiscalía busque a los responsables directos y se les haga cumplir…Es un contrato con cláusulas eminentemente lesivas en donde han comprometido el Estado de El Salvador, a pagar con dinero de los derecho habientes el pago de dicho hospital”, denunció.

El Secretario afirmó que la suma total de lo pagado por el Estado Salvadoreño asciende a $120 millones: “Un contrato de 59 millones de dólares, pasó a $83 millones de dólares, y estamos a $120 millones. Tenemos 22 proveedores que no han sido pagados por la empresa contratada que supervisaba esto (Cal y Mayor, también licitadora de IBT). En estos momentos hay un litigio a través de un arbitraje, ni siquiera UNOPS está promoviendo el arbitraje, sino que IBT, que está reclamando $16.1 millones, porque quiere que el Estado de El Salvador pague más ahorita; a eso hay que sumarle los $700 mil que pagó el FMLN al despacho Sáenz para que manejara el arbitraje, quienes no nos han dado ningún tipo de  información a este momento, a pesar que el Instituto Salvadoreño el que ha estado pagando, el otro año vencerá este arbitraje, y representa más dinero para el Estado”.

Por estos hechos, el Gobierno pedirá al fiscal general, Raúl Melara, que deduzca responsables y encabece el arbitraje.

“Hay mucha tela que cortar, hay una investigación bastante grande la que se ha hecho, ha tomado un año, encontramos dentro de los edificios del Hospital, alrededor de 824 hallazgos, de los cuales, algunos son totalmente insuperables, como la construcción de tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y la construcción de columnas de hierro de menor diámetro, el cual no era el solicitado en los términos de referencia, esto nos representa un gasto, en estos momentos que nos encontramos en una emergencia de salud, este edificio que tendría que ser parte de las soluciones, resulta que es un fiasco, es un método de corrupción del partido FMLN, pronto ustedes verán los videos de cómo está ese hospital, realmente da lástima, se intentó usar un edificio para la emergencia, y nos ha salido costoso porque hemos tenido que estar reparando las fallas”, sostuvo Castro.

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