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Juez Antonio Durán: «No se pretende depurar al Órgano Judicial de los funcionarios corruptos, esto pretende mancillar la independencia»

Un grupo de jueces se pronunció contra la sanción (aprobación) del Presidente Nayib Bukele a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial que permite la depuración de los jueces y magistrados que tengan más de 60 años de edad o 30 años en funciones.

Las modificaciones también avalan los traslados motivados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«Para mí es un despido injustificado, no se pretende depurar al órgano judicial de los funcionarios corruptos, de los ineptos, de los incapaces, esto que pretende es mancillar la estabilidad de los jueces, su independencia, quedando a disposición esas plazas de los nuevos funcionarios que quiera imponer la corte o que quienes se quieran sujetar al régimen de disponibilidad de la Corte», señaló el juez Antonio Durán.

El jurista señaló que estas reformas también quitarían la estabilidad del cargo, lo que daña la independencia judicial.

«La estabilidad de los jueces es la base de la independencia judicial, si un juez que no tiene estabilidad en su cargo, va a depender del tipo de decisiones que se adopten, si no es del agrado del presidente, ministro o corte, pueden trasladar, remover, despedir y sin bono», sostuvo.

Sobre el bono que ha aprobado y ofrecido la Corte en pleno de $7,000 o 24 meses de pago, aseguró que «eso es un chantaje, pidiendo o diciendo que acepten el bono de 24 meses es chantaje para los jueces, que acepten el bono a cambio de la independencia».

Durán agregó que este viernes, el Presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa fueron demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por referidas reformas.

La demanda fue presentada por las organizaciones Cristosal y solicitan a la Comisión proceda a elevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La denuncia es por la violación a los derechos como la igualdad y no discriminación, el principio de estricta legalidad en proceso sancionador, el derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo y legalmente establecido y a permanecer en un cargo en relación al principio de independencia judicial.

En la demanda se piden medidas cautelares como la suspensión de la vigencia de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y en caso que entre en vigencia, se restituya a los jueces afectados por la reforma «ya sea por traslado, remoción, destitución o cesación».

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