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La Fiscalía afirma tener abundante prueba técnica y documental contra acusados del Caso Desfalco

Un total de seis titulares de la administración pública del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron representados por una defensa acuerpada por más de una decena de abogados, para confrontar acusaciones relativas a los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Las denuncias preceden a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que incriminan a un total de diez ex-funcionarios que trabajaron durante la presidencia de Carlos Mauricio Funes Cartagena, en los años 2009-2014.

El recuento de las asignaciones dinerarias totalizan un monto de $2,643,000 dólares (USD), que provendrían, a su vez, de la Partida de Gastos Reservados en ese periodo, “cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cantidad de US$80.8 millones para 5 años, y que al final terminó siendo de $351 millones de dólares transferidos de fondos que realizó el Ministro de Hacienda, sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa”, sostiene la FGR, en su versión oficial.

Pese investigaciones y a los señalamientos, militantes del partido de izquierda se hicieron presentes en las afueras del Centro Integrado de Justicia Penal Dr. Isidro Menéndez, para dedicar su apoyo moral a los acusados; y definiendo, a su vez, el acto como “arbitrario” y una “cortina de humo para desviar la atención de las duras acusaciones contra el gobierno”.

“Se trata de un procedimiento fuera de todo marco legal; y, sobretodo, que responde a intereses más políticos que realmente de impartir justicia. Este caso, específicamente, va siendo irregular, en el sentido de que a los compañeros se les privó de libertad, sin especificar a sus compañeros por qué se los llevaban”, manifestó a ContraPunto la diputada del partido de izquierda, Isabel Belloso.

Los Acusados

Desde el pasado viernes 23 de julio, el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, presentó la detención efectiva de cinco de los ex-funcionarios del FMLN, que habrían pertenecido a la “supuesta estructura de corrupción” del expresidente Funes, en el caso conocido como “Saqueo Público”. El hecho, sin embargo, fue juzgado como un acto arbitrario por organizaciones como Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

“Es una captura ilegal, con acusaciones sin fundamentos; es una persecución política. Pretende amedrentar a la oposición, en particular al FMLN. Pero esto es parte de una cadena de hechos represivos que éste gobierno ha venido realizando (…) es parte del esquema de éste gobierno para establecer una dictadura”, dijo a ContraPunto la expresidenta de la Asamblea Legislativa por el partido de izquierda, Lorena Peña.

Sin embargo, en sus declaraciones, el titular expresó que las detención “no es una persecución pública”; en su lugar, juzgó que “esto es una persecución de ladrones” que “traicionaron al pueblo salvadoreño” ante la ejecución de las acciones por las que se les somete a la justicia.

Entre los diez acusados, al menos cuatro se encuentran “prófugos de la justicia”, por lo que la FGR ha solicitado “que se gire la orden internacional, a través de INTERPOL, la difusión roja, para la captura de éstas personas”, ante el árbitro del Juzgado Segundo de Paz del Centro Especializado de Justicia “Isidro Menéndez” durante la etapa de la audiencia inicial.

“Nosotros sí ya tenemos algún tipo de ubicación del paradero de los procesados ausentes. En total son diez, cinco presentes; cinco que ya han sido detenidos, cinco que se encuentran ausentes, les llamamos nosotros, entre algunos que ya están fuera del país, previo a que se decretara ésta orden administrativa de detención. Y, algunos otros, que se encontraban en el país, que se encuentran prófugos”, declaró la representación fiscal.

Los declarados como prófugos permanecieron ausentes en el requerimiento de éste día, y responden a los nombres de “José Belarmino López Suárez; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Lina Dolores Pohl Alfaro; Salvador Sánchez Cerén y José Manuel Melgar Henríquez”, según lo declaró a la prensa la representación fiscal, con base a las pruebas de cargos. No obstante, ContraPunto pudo constatar que la defensa del expresidente Sánchez Cerén se presentó en su lugar, ya que, según informaron, “se encuentra en el extranjero por complicaciones de salud”.

En cambio, en el buró judicial no se ausentaron “Carlos Enrique Cáceres, Calixto Mejía Hernández, Violeta Menjívar, Hugo Alexander Flores Hidalgo y Erlinda Handal Vega”, ni sus representantes.

Es de aclarar que los cinco acusados que estuvieron presentes en el requerimiento permanecieron recluidos en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, al término del requerimiento Erlinda Handal, Violeta Menjivar y Carlos Cáceres fueron trasladados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML), para ser atendidos por complicaciones en su salud.

Las Pruebas Fiscales

Las pruebas que incriminan la participación de los hechos contra los incoados fueron ventilados ésta tarde por la FGR ante la administración de justicia. En su declaraciones a la prensa, la representación fiscal detalla que el procedimiento de investigación ha iniciado desde el año 2019, con pruebas que identifican la adquisición efectiva de los fondos.

“Logramos, en el año 2019, incautar los recibos que acreditan que todas esas personas recibieron esas cantidades dinerarias al margen de la ley, las cuales fueron firmadas. Y hemos practicado experticia grafo-técnica en los recibos, y hemos determinado que la autoría de la firma corresponde a los ahora procesados”, explicó.

También detalló que las entregas dinerarias se hacían desde la “Secretaría de la Presidencia de la República”, y que se dieron “con instrucciones y autorización del señor Carlos Mauricio Funes, a cada uno de los funcionarios ahora procesados”.

Además, sostiene que los funcionarios “tenían que cumplir con algunos lineamientos para evitar, precisamente, que sea detectada ésta entrega ilegal de dinero. Entre esos lineamientos era el hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado; para evitar, precisamente, que fueran entregadas, precisamente, esas cantidades de dinero al margen de la ley”.

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Sin embargo, la defensa de los acusados sostiene que las acusaciones tienen “trasfondos políticos”, en los que la FGR estaría respondiendo a los lineamientos de la presidencia. Además, señalan varias irregularidades procesales.

“El lavado de dinero tiene su origen, que el origen de los fondos son sucios, son ilícitos. Pero, en éste caso, si fuera el caso que ellos mencionan de los sobresueldos, que lo que es es un complemento salarial, eso está normado, y está regulado en el manual de contabilidad gubernamental del mismo Ministerio de Hacienda. Ahí están las partidas presupuestarias, están los códigos de línea”, compartió ésta valoración el abogado José Gonzalez, representante de la dra. Menjivar.

Sin embargo, en el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado se hace constar que los incrementos salariales deben ser previamente establecidos por la Asamblea Legislativa; y, según declara la FGR, ese proceso no se dio.

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La etapa de la Audiencia Inicial tendrá lugar el próximo martes 27 de julio, a las 8:00 am. En el proceso, la FGR girará alerta roja Interpol contra quienes permanecieron ausentes en el proceso. Asimismo, la defensa presentará las pruebas de descargo en favor de las víctimas.


Entretanto, los acusados Calixto Mejía y Hugo Flores permanecerán bajo prisión, por órdenes administrativas de la FGR. Y se presentarán en la audiencia inicial, incluidos los que recurrieron al IML La defensa, asimismo, solicitará medidas sustitutivas a la detención, para evitar el arresto bajo cárcel, según lo declararon los abogados.

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