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Lanzan iniciativa de acceso a la justicia para víctimas de desapariciones forzadas

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), lanzó este jueves un proyecto de garantía de acceso a la justicia y seguridad humana, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del Estado y a garantizar cumplimiento de derechos fundamentales de la población afectada por los distintos tipos de violencia.

El Director Ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños, manifestó que con el proyecto se intenta coadyuvar a las instituciones de respuesta de hechos violentos (Fiscalía, Policía y Procuraduría de Derechos Humanos), y fomentar una cultura de paz.

“El país está atravesando por situaciones criticas, hay un debilitamiento institucional, y con este proyecto estamos tratando de contribuir a esa Institucionalidad”, indicó Baños.

El proyecto durará tres años y entre las acciones a realizar estarán:
• Monitoreo de los hechos de desaparición de personas forzadas en el país
• Acompañamiento jurídico en casos de desaparición, con una campaña de divulgación de propuestas para mejorar las respuestas, ante los casos de desaparecidos,
• Pronunciamientos de las designaciones de funcionarios y su desempeño en el cargo
• Diagnóstico sobre procedimientos y herramientas para la elección y evaluación de funcionarios
• Elaborar y promover las propuestas para contribuir la prevención de la violencia, ya sean a través de políticas públicas o legales.

Los destinatarios del proyecto son la sociedad civil organizada, la ciudadanía y los comités de familiares de víctimas de desaparición forzada.

Los municipios donde se va a desarrollar el proyecto es en Mejicanos e Ilopango, del departamento de San Salvador; y Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán. «Esta elección obedece a un trabajo previo que FESPAD ha desarrollado con las distintas municipalidades y con los Comités de prevención de violencia», explicó Baños.

Héctor Carrillo, Jefe de Acceso a la Justicia de FESPAD, señaló que, a pesar de que se ha implementado un plan de seguridad (conocido como Plan Control Territorial) este no ha atendido el fenómeno de las desapariciones.

«Las personas siguen desapareciendo sin que el Estado defina cómo abordar la problemática. Este aumento de desaparecidos es producto de décadas de estrategias de seguridad impulsadas ante contextos políticos y no de cara a fortalecer el rol de cada institución, se hace importante la participación ciudadana en la contraloría de estas instituciones», expuso el abogado.

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