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Ley de Protección a Periodistas recibirá dictamen la última semana de la actual legislatura

La próxima semana, última de trabajo para la actual legislatura, espera dictaminarse la Ley de Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, según indicaron los diputados que la integran.

En la sesión de trabajo de este lunes se abordó el articulado de cerca de 60 elementos; no obstante, parte de estos se resolverán entre el equipo técnico de la instancia legislativa y los representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), quienes propusieron la ley.

«Estaremos a la espera de la reunión con los técnicos de la comisión de legislación de la @AsambleaSV para revisar las modificaciones a la propuesta de ley de protección a periodistas. La ley debe garantizar la protección al ejercicio periodístico, incluido los derechos laborales», indicó la Presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.

Entre los artículos aprobados están que los periodistas no serán responsables por los daños de los aparatos que brinda el medio de comunicación, siempre y cuando haya sido en el uso de su labor periodística.

Así también, se aclaró sobre la libertad de prensa, pues se establece que no habrá restricción a la búsqueda de información en convocatorias, conferencias de prensa, coberturas en general y de acontecimientos judiciales, esta última solo se efectuará si no existe una reserva dictada por ley.

Uno de los puntos que aún está en discusión es la sanción sobre el incumplimiento a la libertad de prensa; la APES propuso que sea una multa de 10 a 30 salarios mínimos, así como una pena carcelaria de 4 a 6 años; esta infracción tendrá un agravante si se restringe a los actos públicos donde se vean involucrados funcionarios públicos; esto solo procederá si el periodista posee su identificación como profesional del medio, servicio social, pasantía o independiente.

Los diputados consideraron que debe existir una entidad que se encargue de imponer las multas, una de las acotaciones es que sea remitido a un juzgado de paz.

También se aprobó la Comisión Nacional de Protección a Periodistas que incorpora gremiales e instituciones estatales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo.

Esta comisión atendería casos de agresiones o vulneraciones a periodistas como problemas con pandillas, afectaciones por su cobertura periodística, así como desplazamiento forzado.

Por otra parte, los legisladores eliminaron los artículos relativos a la presunción laboral a favor del empleado, prescripción de la acción laboral y el régimen especial de seguridad provisional, pues aseveran que estas acciones ya se encuentran establecidas en el Código de Trabajo.

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