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Luis Mario Rodríguez reconoció que se le pagaba un salario de $2,580.53 y un sobresueldo de $8,000 cuando trabajó para Tony Saca

Luis Mario Rodríguez, quien fungió como secretario para asuntos jurídico de la Presidencia, en la administración del exmandatario Elías Antonio Saca, compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios de ARENA y el FMLN con dinero provenientes de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

El excolaborador de Saca entre 2004 y 2008 —quien actualmente es Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) — admitió, que cuando estuvo en el cargo recibió de la Presidencia de la República dos remuneraciones que se acercaban a los $11,000.

El 21 julio del presente año, Saca y su exsecretario privado, Élmer Charlaix, también fueron citados por la Comisión Especial y revelaron los nombres de varios funcionarios de esa administración a quienes se les entregaron sobresueldos. Entre esas personas figuraba Rodríguez.

Charlaix detalló a los diputados que al exsecretario jurídico se le pagaba un salario de $2,500 mensuales y además se le entregaban $8,000 en concepto de “complemento” para reconocer su experiencia profesional. Tiempo después, de acuerdo al exsecretario privado, el mismo Rodríguez solicitó que esa cantidad se le incrementaran $3,000.

La Comisión Especial ha reiterado que las investigaciones indican que esos $11,000 eran pagados al exfuncionario en concepto de sobresueldo, aunque él se negó a reconocerlo en las cuatro horas que duró el interrogatorio en la mesa legislativa.

“Yo no recibía sobresueldos con la connotación que esta Comisión ha realizado. Yo no recibía dinero extra, recibía remuneraciones por mis servicios prestados y eran con fundamentación en la ley”, aseguró Rodríguez.

Según él, en su momento, un técnico del Ministerio de Hacienda le explicó que el cargo que ocuparía tenía una remuneración de $2,580.53, con base a la Ley de Salarios, y otra que ascendía a  $8,000, la cual estaba amparada en la Ley Orgánica del Estado.

A preguntas de los diputados, Rodríguez explicó que la cifra más baja correspondía a los gastos de representación y se la entregaban en efectivo, según lo pactado en una reunión con Saca, en la que no hubo respaldo jurídico. Además, reconoció que este monto no lo declaraba ante el Ministerio de Hacienda.

El exsecretario jurídico desmintió que haya pedido un incremento de $3,000 para que su remuneración llegara a los $11,000, pero los diputados le presentaron un recibo firmado por él, con fecha 24 de abril de 2008, en el que hacía constar que se le entregó esa cantidad.

Cuando se le preguntó sobre el origen del dinero complementario que recibía, Rodríguez respondió que no se interesaba en indagar eso, ya que al trabajar para el Estado “sabíamos que eran fondos públicos”.

“Él estableció que tenía dos remuneraciones y después cambió lo que estaba diciendo, dijo que eran gastos de representación. En todo el proceso investigativo hubo contradicciones a lo que él mismo decía”, advirtió el presidente de la Comisión Especial, Jorge Castro, al finalizar la jornada.

Exfuncionario pagó matrícula de doctorado con dinero público

El día que el exsecretario privado de Antonio Saca, Élmer Charlaix, compareció en la Comisión Especial también aseguró a los legisladores que en dicha administración se le entregaron a Rodríguez más de $3,400 provenientes de fondos públicos.

El dinero, a decir de Charlaix, fue utilizado para el pago de matrícula de un doctorado en Derecho que él realizó en una universidad de España. Rodríguez negó esa afirmación y señaló que las clases fueron impartidas en El Salvador.

“Yo solicité ese apoyo, yo firmé ese memorándum. La mayoría del costo de ese doctorado fue pagado con mis remuneraciones. La Presidencia hizo un esfuerzo menor al que yo hice”, expresó Rodríguez, luego de que la Comisión le mostrara una carta que él presentó a la Presidencia de la República, en agosto de 2006, para pedir autorización y que le ayudara a financiar dichos estudios.

La diputada Marcela Pineda le increpó al exfuncionario que por qué los salvadoreños debieron costearle la matrícula del doctorado cuando él perfectamente podía pagárselo porque percibía un ingreso superior a los $10,000 mensuales.

Ella también le recriminó al excolaborador de Saca que, el mismo año en que él pidió apoyo para financiar sus estudios, más de 16,800 jóvenes aspiraban a ingresar a la Universidad de El Salvador para cursar una licenciatura.

El exsecretario jurídico, sin inmutarse, respondió que él tenía un interés por seguir formándose académicamente y justificó que en la Constitución de la República se establece la carrera administrativa para que los funcionarios y empleados públicos puedan continuar estudiando.

Rodríguez recibió $27 mil de El Diario de Hoy

Durante la interpelación, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le mostró a Luis Mario Rodríguez documentos que revelan que, entre 2006 y 2007, él recibió $27 mil de parte de El Diario de Hoy. Este monto, según los datos, era en concepto de honorarios, pese a que no existía una relación laboral entre ambas partes. El exfuncionario, de nuevo, se negó a explicar por qué la empresa mediática le hacía ese desembolso de dinero.

El legislador Soriano señaló que la Comisión Especial ha constatado que Rodríguez no declaró ese dinero al fisco, es decir que evadió impuestos, con el que se pudieron ejecutar obras para beneficio de la población.

En la mesa de trabajo, Rodríguez también se negó a revelar por qué, cuando estuvo en el cargo, una persona de nombre Rubén Cornejo le efectuó varios depósitos bancarios, distribuidos en diferentes cantidades, que superaban los $150 mil. Tampoco aclaró quién era ese señor y de dónde provenía el dinero.

El informe de la Sesión de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al que la mesa legislativa ha tenido acceso, indica que Rodríguez también recibió dinero, sin justificar, de una empresa del exfiscal general, Raúl Melara. Asimismo recibió fondos de una empresa San Juan Macías, situada en Panamá.

Durante el interrogatorio, el exfuncionario se negó a explicar a los diputados el origen de más de $200,000 que, según un informe de la Sección de Probidad, no pudo justificar al terminar su cargo.

En reiteradas ocasiones, los legisladores le hicieron preguntas concretas al respecto, pero Rodríguez se limitó a repetir que el máximo tribunal de justicia, al hacerle el examen patrimonial, no encontró indicios de que él se haya enriquecido de manera ilícita.

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