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Mesa contra la impunidad en El Salvador advierte que reformas a la Ley de la Carrera Judicial implicará efectos negativos en los tribunales que dirimen causas del conflicto armado

Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial obstaculizan la persecución de crímenes de la guerra civil. Esta fue la consigna de organizaciones y asociaciones de víctimas del conflicto, quienes advirtieron este martes, que representa un golpe a la independencia judicial por sus implicaciones directas a los casos en donde se dirimen violaciones a los derechos humanos y asesinatos perpetrados durante la década de los ochentas.

Y es que el decreto, que aprobó la Asamblea Legislativa, manda a la jubilación a por lo menos 176 jueces y magistrados de primera y segunda instancia que cumplieran los 60 años o que completaran 30 años en el servicio judicial. Esta medida también aplicó en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que repite la disposición de los fiscales adjuntos.

“Esta decisión violenta tratados internacionales ratificados y los derechos humanos, en tanto de las personas que serán arbitrariamente destituidas, como de miles de víctimas que ahora verán en riesgo su derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus recursos sean ventilados por un juez natural e imparcial”, señaló David Morales, Jefe de Litigio de Cristosal.

El abogado, que ha seguido de cerca procesos judiciales relacionados a la guerra, aseguró que las enmiendas causarán el estancamiento de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo en los tribunales de justicia.

El más perjudicado sería el de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en donde fueron asesinados 989 salvadoreños, a manos del Batallón Atlacatl, en diciembre de 1981. El Juez de Instrucción de Morazán, Jorge Guzmán, estaría incluido en la purga judicial, pues sobrepasa los 60 años, “la decisión de la Asamblea favorecerá con impunidad a los perpetradores de la masacre”, advirtió el activista.

“El caso está por ser elevado a su etapa plenaria y de sentencia, con evidente prueba de cargo contra los militares procesados, que incluyen al máximo jefe de la Fuerza Armada en aquella época, el ex ministro de defensa Guillermo García”, denunció.

Otro caso que será afectado con las reformas, que aún no han sido sancionadas por el Presidente Nayib Bukele, sería el asesinato de 4 periodistas holandeses, perpetrado por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada, que recientemente fue judicializado en el Juzgado de Paz de Dulce Nombre de María, Chalatenango, por una jueza que será expulsada tras haber completado los parámetros legales que aprobaron los Diputados.

Las organizaciones Cristosal, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación y Atención a Víctimas piden al Parlamento desistir de las reformas, a las que calificaron como “golpe de Estado a la justicia” y piden derogar el acuerdo.

A Bukele le pidieron vetar por inconstitucionales las reformas y de igual forma a la Corte Suprema para que declare inaplicable las modificaciones.

Demandan por inconstitucional las reformas a Ley de Carrera Judicial

Una demanda de inconstitucionalidad se presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto legislativo de reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobado el pasado 31 de agosto.

El recurso lo presentó el abogado Edgar Platero, quien argumentó que el artículo 133 de la Constitución da la facultad de iniciativa de ley en materia del Órgano Judicial únicamente a la Corte Suprema, pero el decreto lo propuso el partido Nuevas Ideas.

También señaló que no se justificó la dispensa de trámite; por lo que estos motivos lo harían inconstitucional de forma.

Platero manifestó que los magistrados podrían no admitir la demanda debido a que el decreto aún no ha sido sancionado ni publicado en el Diario Oficial, por lo que podría presentarse de nuevo.

No obstante, remarcó que debido a que la actual Sala fue nombrada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo tras la destitución de los magistrados, también podría declararse inadmisible.

Las reformas son referidas a la depuración de cerca de un tercio de los jueces y magistrados del sistema judicial, por tener más de 60 años de edad o más de 30 años en funciones.

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