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Mesa contra la impunidad: Ley de Agentes Extranjeros viola derechos fundamentales y constitucionales

La Mesa Contra la Impunidad, expusieron este lunes, que la Ley de Agentes Extranjeros, presentada por el Gobierno el pasado 9 de noviembre es una herramienta legal para perseguir a organizaciones civiles, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes.

El colectivo, conformado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, señalaron que lejos de proteger la soberanía nacional y la estabilidad política, la ley daría paso a impuestos desproporcionados, cierres injustificados de organizaciones y cárcel contra las voces disonantes.

“Este proyecto de ley, además de lesionar importantes derechos humanos de la población, aislaría más al país de la cooperación internacional, perdiendo con ello importantes aliados internacionales que han cooperado en distintos campos del desarrollo económico, social y político”, explicó Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso.

Para el abogado David Morales, la ley lesiona el trabajo de las organizaciones, además permitirá al Gobierno “auto-reglamentarse” para establecer procesos administrativos “a su antojo para imponer castigos”.

“Cuando el gobierno venga y califique a la organización y cooperante como ‘agente extranjero’, habrá multas superiores a los 100 mil dólares, esto tiene dedicatoria y tiene la finalidad de paralizar las operaciones e impedir que reciban cooperación de solidaridad. Es una ley que a todas luces es inconstitucional”, expresó.

La Mesa expuso que su financiamiento es auditado en los Ministerios de Gobernación, Hacienda y Trabajo, y ante los mecanismos cooperantes.

Finalmente exigen a la Asamblea Legislativa que desista de aprobar el proyecto, puesto que violenta derechos a la libertad de asociación, expresión, difusión del pensamiento, no discriminación y debido proceso.

Las entidades que componen la mesa son: Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos; Fundación para el Debido Proceso; Fundación Comunicándonos; Cristosal; Asociación Pro-Búsqueda; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho; Concertación Monseñor Romero y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. 

La ley obligará a las entidades y personas que reciban financiación o apoyo internacional a registrarse como “agente extranjero” en el Ministerio del Interior. A los “agentes extranjeros” se les prohibirá llevar a cabo “actividades políticas” que pretendan alterar el “orden público” o que “pongan en peligro o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”.

El proyecto también impondría un impuesto del 40% a todas las transacciones extranjeras, incluidas las donaciones, incluso si los receptores son organizaciones sin ánimo de lucro.  Además de multas que ascienden hasta los $250,000 dólares, por el incumplimiento de cualquier disposición.

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