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Mesa de Protección a Periodistas condena ataque al ejercicio periodístico por entes de Estado

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, estuvieron involucrados en lo que la Mesa de Protección a Periodistas denominó como vulneraciones a la libertad de prensa.

Esto al referirse a los últimos casos, el primero el pasado 5 de julio contra un periodista de canal 33, Luis Muñoz, a quien el Presidente de la Corte lo llamó «periodista de mentalidad pobre», luego que este le preguntara sobre su relación con el exfiscal General, Luis Martínez, en 2014 por «burlar» una investigación penal por evasión de impuestos.

Así también, sobre la expulsión del editor de El Faro, el mexicano Daniel Lizárraga, por Migración; de quien la autoridad estatal expuso que no se pudo acreditar su calidad de periodista; a pesar de ello, los representantes del medio digital argumentaron que cuenta con una trayectoria que data desde 1993 en varias investigaciones para Aristegui Noticias. Además trabajó en los medios Reforma, El Universal y Revista Proceso, todos mexicanos.

Así como la agresión física por el policía Raúl Martínez Velásquez, al periodista Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura al hallazgo de un joven desaparecido el martes en Apopa.

El subinspector PNC impidió que el periodista se acercara al perímetro fijado de la escena del crimen, ubicada en las riberas del Río Romayate, en la comunidad Pino, del municipio de Apopa.

El incidente quedó captado en video que el mismo Beltrán Luna grabó con su teléfono, en el mismo se puede ver cómo el oficial le ordena detener la grabación, bajo el argumento que estaba interfiriendo con el procesamiento de la escena.

Según el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, estas han crecido en este año en comparación del 2020; pues entre el 1 de enero al 7 de julio se contabilizan 153 vulneraciones, cuando el año anterior fueron 125.

«El aumento de vulneraciones tiene su efecto ante la narrativa antiprensa que el gobierno Nayib Bukele ha instaurado en el país y del que el resto de funcionarios y seguidores del bukelismo aprovechan para atacar a la prensa independiente en un claro ejemplo de intolerancia, sabiendo que sus actos quedarán en la impunidad», expusieron.

La representación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que han abierto expedientes de investigación en los 3 casos, para el caso que involucra a un miembro policial se comunicaron con el secretario de seguridad profesional, quien confirmó que iniciaron una investigación interna.

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