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Ministerio de Hacienda pide a la Sala de lo Constitucional investigar incumplimiento de sentencia que ordenaba auditorías a empresas entre 2014 y 2015

El Ministerio de Hacienda presentó este jueves una solicitud de seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad del Decreto 763, que aprobó la Asamblea Legislativa en 2014, para extender las auditorías fiscales a cinco años.

Dicho decreto, básicamente suspendía los plazos de caducidad de las fiscalizaciones y multas de la administración tributaria y se ampliaba el plazo a tres años. La reforma hizo que todos los procesos de fiscalización de impuestos correspondientes a períodos tributarios de 2014 y 2015 se ejecutaran conforme a ley.

El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que una sentencia de inconstitucionalidad a esta ley, en el 2018, redujo el plazo de escrutinio hasta diciembre de ese año. Fue cuando la legislatura 2018-2021, por iniciativa del ex Diputado del PDC, Rodolfo Parker, aprobó una nueva legislación que finiquitaba los procesos de auditorías.

Este es el decreto 127, que Zelaya alega que perjudicó al Estado porque dejó de percibir alrededor de $280 millones en impuestos.

“El decreto 763 fue declarado inconstitucional por no haberse discutido suficientemente, no por temas de fondo o contenido del decreto, no obstante, para no afectar la ejecución del Estado dijo que los efectos debían continuar en 2018 […] pero al ex diputado Rodolfo Parker se le ocurrió la idea, de presentar el 26 de septiembre, antes de vencer los efectos, una iniciativa que dejaba sin efectos todas las auditorías, configurándose el delito de incumplimiento de sentencia del máximo tribunal constitucional o incumplimiento de deberes”, señaló Zelaya.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno pidió a la Sala investigar y emitir un seguimiento a la sentencia, para determinar si hubo transgresión a la resolución y a su vez, resuelva permitirle a Hacienda, volver a auditar los períodos tributarios en cuestión.

«Pretendemos que la Sala ordene audiencia para escuchar a las partes involucradas, al Fiscal General como representante de los Intereses del Estado; al Ministro de Hacienda como garante de las finanzas públicas, los Diputados y los abogados involucrados», señaló. El recurso de inconstitucionalidad fue sometido por los abogados Enrique Borgo Bustamante y René Hernández Valiente, este último, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.   

Zelaya aseveró que el decreto 127 fue aprobado sin consultar al Ministerio, “se emitió un decreto que no solo la comisión de hacienda, el Pleno, o la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén desconocían, sino que no se tomaron las opiniones de Hacienda Pública”.

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