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Nicaragua nacionaliza a hijo, nieta y bisnieto de Sánchez Cerén, requerido en El Salvador por delitos de corrupción

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó este martes en La Gaceta, diario oficial, la nacionalización de otros familiares del ex presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esta vez se oficializó la nacionalización como nicaragüense de Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del ex presidente del FMLN; Alejandra Sofía Guardado Sánchez, nieta; y su bisnieto, Carlos Manuel Pacheco Guardado, nacido el 3 de agosto del 2018.

En La Gaceta también aparecen nacionalizados la salvadoreña Ana Lidia Peña Sosa, pero no se ha confirmado la relación familiar con el Profesor Sánchez Cerén.

De acuerdo a la legislación nicaragüense, al conferir la ciudadanía se acogen a una serie de beneficios, entre estos, la no extradición a otros países.

Los tres familiares de Sánchez Cerén se suman a otros parientes que recibieron la ciudadanía Nica el 30 de julio pasado; tales como, Rosa Margarita Villalta, su esposa; Iveth Dolores Sánchez Villalta, hija; Claudia Lissethe Sánchez Villalta, hija; y Juan Carlos Guardado Sánchez, hijo de esta última y a su vez nieto del ex presidente.

Al segundo presidente del FMLN, lo acusaron formalmente de recibir pagos ajenos a lo devengado en su salario, en el período 2009-2014, cuando fungió como Vicepresidente de Mauricio Funes Cartagena, sobre quien pesan siete procesos judiciales por actos de corrupción y también se encuentra en Nicaragua en calidad de residente.

El 28 de Julio pasado, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador emitió difusión roja a Interpol para dar con el paradero de Sánchez Cerén, pero en una solicitud de apelación del Ministerio Público salvadoreño, esta fue modificada y se solicitó la orden de captura, del ahora prófugo de la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, el ex funcionario recibió $10,000 de sobresueldos durante su período como vicepresidente, provenientes de la Partida de Gastos Reservados en Casa Presidencial. De la cual se acusa también a Funes de usarla como fondo de canalización de diversas aprobaciones en la Asamblea Legislativa.

Consta en el expediente fiscal que en 2010, la Asamblea aprobó 80 millones para esta partida solo para los cinco años de Gobierno, pero finalmente, en el quinquenio terminaron siendo $351 millones que Funes supuestamente fondeó con cooperación internacional, presupuesto de otros ministerios y fondos que no avaló el congreso salvadoreño.

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