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Nuevas Ideas propone que los burós actualicen en 24 horas información crediticia de los usuarios y dejen de cobrar por solicitar el récord financiero

Los Diputados de Nuevas Ideas que integran la Comisión Financiera presentaron este martes un legajo de reformas a la Ley del Historial Crediticio, en donde piden enmendar 20 artículos para regular a los burós de créditos y darles más herramientas a las instituciones rectoras para imponer sanciones.

La propuesta surge a partir de las denuncias que han recibido los parlamentarios, sobre supuestos abusos cometidos por las compañías que manejan bases de datos de los usuarios de servicios crediticios y las consultas realizadas a las empresas, aseguró la Diputada, Dania González, Presidenta de esta instancia.

“No es desconocimiento que en la comisión hemos citado a las instituciones Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Banco Central de Reserva (BCR), Defensoría del Consumidor (DC) para conocer las carencias por parte de los administradores del historial; no nos quedamos con ese insumo, nos dimos la tarea de poder invitar a la comisión a las tres empresas que administran los burós de créditos, hablamos de Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED)”, detalló la funcionaria.

Según González las reformas “defienden el derecho a la autodeterminación informativa” y el “derecho al honor y la intimidad”, ya que se identificaron abusos de los burós de créditos, pues comercializan la información de los usuarios y cobran una comisión que va desde los $5 hasta los $11 dólares, por consultar el récord.

De acuerdo a la legisladora, la comisión solicitó aplicar las sanciones correspondientes por parte de la Superintendencia.

De ser aprobado el dictamen en el pleno y una vez publicado en el Diario Oficial, entonces se les brindará a estas empresas un plazo de 180 días para actualizar la información de los consumidores. A partir de ahí, queda como norma contar con 24 horas -como tiempo máximo- la modificación de los datos.

El objetivo de ello es que una vez el consumidor obtiene su finiquito, entonces salga de la lista de mora financiera.

“Si una persona ya tiene su finiquito, donde nunca se les actualizaba a los usuarios, pasaba años y años y a pesar que se había pagado el préstamo, seguía apareciendo en el listado de deudores”, aseguró la legisladora González.

Ante esta nueva reforma, también se les solicitará a los burós crediticios incrementar su capital para que puedan invertir en tecnología, en innovación y de paso inmobiliariamente; es decir, de los $150,000 que les permite la ley, pasará a $500,000 y deberán instalar centros de servicios en los 14 departamentos.

Además, cada buró de crédito debe proveer de una aplicación móvil para que los usuarios puedan consultar su historial crediticio en tiempo real. Si el usuario no cuenta con teléfono inteligente, deben proveer un servicio que les permita a los usuarios recibir su récord por medio de mensaje de texto.

En cuanto a sanciones, la reforma le da mayor competencia a las instituciones del Estado, en este caso la SSF podrá realizar supervisiones a los burós de crédito una vez cada tres meses para verificar que cumplan con la ley.

La Defensoría del Consumidor obtendrá las herramientas jurídicas necesarias para poder actuar de oficio y no únicamente en base a una denuncia.

De no cumplirse con la normativa, entonces estas instituciones de bases de datos podrían tener una multa de 10 hasta 1,000 salarios mínimos e incluso perder la autorización de operar en el territorio salvadoreño. Esto último ocurrirá si obtiene de dos a tres sanciones, depende de la gravedad.

A partir de 90 días, el Banco Central de Reserva (BCR) deberá emitir la normativa correspondiente para robustecer este marco legal.

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