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OEA |“Cuando las mayorías eliminan sistemas de pesos y contrapesos están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento con motivo de la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República, en la primera Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa.

El partido oficialista Nuevas Ideas, en conjunto con GANA, PCN y PDC, alcanzaron la noche de este sábado los 64 votos necesarios para separar de sus cargos a Raúl Melara, en la Fiscalía; y a Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco, en la Sala.

Al respecto, la OEA rechazó las acciones, así como el “Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”, refiriéndose al Gobierno central.

“En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, detalla el documento oficial que fue publicado este domingo.

Y añade: “Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”.

En el desarrollo de la Plenaria se conoció que el nuevo Fiscal General, para el período 2 de mayo 2021 al 5 de enero de 2022, será Rodolfo Delgado, ex fiscal y abogado defensor del Director Policial, Mauricio Arriaza Chicas, cuando fue acusado de Incumplimiento de Deberes al supuestamente no cumplir orden de apremio de funcionarios del Gobierno.

Los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional son:

• Óscar Alberto López Jerez, como Presidente del Máximo Tribunal.
• Luis Javier Suárez Magaña, actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
• Héctor Nahúm García, exfiscal y abogado que se desempeñó también como defensa del Director de Arriaza Chicas, en proceso de antejuicio.
• José Ángel Pérez Chacón, actual asesor jurídico de la Presidencia de la República.
• Elsy Dueñas Lovos, actual magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

Los funcionarios se desempeñarán en el cargo desde este 1 de Mayo 2021 hasta el 15 de noviembre del 2027.

La anterior Asamblea Legislativa y Gobierno había solicitado a la OEA la activación del Artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana; en razón de ello el organismo envió una Misión Especial para verificar el panorama político que atravesaba la sociedad salvadoreña.

“La Misión cumplió el objetivo de desarrollar una agenda incluyente y diversa; se reunió y entrevistó a diversos actores políticos y sociales para recolectar sus demandas, preocupaciones, e información. La Misión expresa su preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña. Lo anterior se enmarcó sobre todo alrededor de denuncias sobre: la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información, el posible aumento en la militarización del país, evidenciado principalmente por los hechos del 9 de febrero del 2020 en la Asamblea Legislativa, el incumplimiento a las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Paz, el desacato expreso a las sentencias judiciales, la emisión de decretos inconstitucionales para contener la pandemia que vulneraron derechos constitucionales de personas a quienes injustificadamente se les privó de la libertad, y las expresiones que fomentan la violencia contra altas autoridades de las instituciones democráticas del Estado”, enumera las conclusiones del informe.

En el mismo, expusieron que la mayoría que obtuvo Nuevas Ideas, “son una oportunidad para construir un proceso amplio y participativo que cuente con mecanismos de diálogo incluyentes y que esté encaminado hacia la construcción de una agenda democrática”.

La OEA declaró que “es fundamental” que se restablezca un diálogo institucional entre las instituciones y fuerzas democráticas del país, “con miras a un proceso real de fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el respeto irrestricto al Estado de derecho de El Salvador”.

La Organización también hizo una serie de recomendaciones luego de la visita de la Misión Especial en Febrero del 2021:

1. Actuar en estricto apego de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales.
2. Adoptar medidas encaminadas a garantizar la vigencia del sistema democrático salvadoreño creado a partir de los Acuerdos de Paz de 1992.
3. Promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas en El Salvador como fundamento y elemento esencial de una sociedad democrática.
4. Adoptar medidas para fortalecer la transparencia de las actividades gubernamentales y garantizar el derecho de acceso a la información de la población salvadoreña, incluidas –mas no limitadas a—las siguientes:
4.1. Difundir de manera proactiva la información considerada oficiosa de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), sin que medie una solicitud de información.
4.2. Cumplir con las resoluciones del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública.
4.3. Revisar el contenido del Decreto N°34 de 26 de agosto de 2020 para asegurar que sea compatible con la LAIP.
5. Proteger y garantizar el derecho de libertad de expresión y prensa, entre otras, mediante las siguientes medidas:
5.1. Proteger todas las formas de discurso, independientemente de la mayor o menor aceptación social o estatal con la que cuenten.
5.2. Garantizar un debate público plural y abierto sobre los asuntos de interés nacional.
5.3. No realizar declaraciones estigmatizantes contra periodistas o medios de comunicación.
5.4. Investigar los incidentes de amenazas y hostigamiento en contra de periodistas y comunicadores, y sancionar a los responsables.
6. Adoptar medidas positivas para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, incluyendo pero no limitándose a:
6.1. Establecer un espacio institucional que supla los espacios de diálogo con la sociedad civil que existían al interior de las Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de Inclusión Social.
7. Adoptar un marco regulatorio adecuado para evitar arbitrariedades en la distribución de la pauta oficial.

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