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ONG’s critican ley que inmuniza legalmente a médicos y farmacéuticas por malas praxis al atender el COVID-19

Al menos 20 organizaciones que velan por derechos a la salud se pronunciaron este jueves en contra de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud pública ocasionadas por la pandemia del COVID-19”, que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa.

La legislación, aprobada el 3 de mayo, con votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, incluye inmunidad legal a médicos, enfermeras y farmacéuticas que provean servicios y productos relacionados a la emergencia.

Asimismo, incluyen mecanismos expeditos de la ley para adquirir vacunas anticovid, antivirales y demás suministros; e incluye la creación de un fondo general de indemnización a víctimas de malas prácticas en la atención del virus.

Esta inmunidad no se aplicará a las demandas por muertes o lesiones graves que se hayan originado por la administración del medicamento con dolo o mala conducta, expone el decreto. De igual forma, esta entró en vigencia de carácter retroactivo, lo que significa que cualquier irregularidad denunciada con anterioridad queda extinguida.

Magdalena Cortez de la Alianza Ciudadana Contra la Privatización del Agua, advirtió que esta ley repercute en los derechos de los usuarios de los servicios de salud, ya que no podrán entablar demandas por malas práxis o procedimientos que establece la ley.

“La preocupación de las organizaciones refiere a que la ley impide a la población demandar por malas práxis, administración de medicamentos, con efectos secundarios graves que de acuerdo a la OMS no tienen efecto en el COVID-19, como la ivermectina e hidroxicloroquina”, señaló.

Por otra parte, la experta señaló que la legislación inhibe controles de compras que ya establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

“Autoriza al Ministerio, ISSS y miembros del sistema de salud a adquirir sin control alguno, sabiendo que hay aspectos determinados en las leyes existentes que obligan a establecer procedimientos”, ahondó Cortez.

El médico y salubrista, Eduardo Espinoza aseveró que por los embates de la pandemia, las farmacéuticas no están completando los esquemas de prueba necesarios para aplicar las vacunas contra el COVID-19, sobre todo porque alteran el código genético del ser humano.

«Tienen tecnología que nunca se habían aplicado antes. Por ejemplo las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan modificaciones al ácido ribonucleico, que eso tiene la posibilidad de generar efectos que todavía no sabemos de qué tipo pueden ser, y esto podría presentarse a mediano y largo plazo, si esto se diera, la ley otorga inmunidad a los productores, fabricantes, los compradores (Ministerio de Salud) para indemnizar a los afectados, y cualquier otro tipo de reacción, no sólo de vacunas, sino a cualquier medicamentos», profundizó el galeno.

«Aunque se demostrara que hay daños, el imputado señalado obtiene una sanción, pero no es él el que la pagará sino el fondo general que creó el Estado, con dinero de todos los salvadoreños, y no el que hizo el procedimiento inadecuado», advirtió Espinoza.

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