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ONG’s de la Sociedad Civil rechazaron participar de las consultas a las reformas a la Constitución por no contar con la «legitimidad democrática»

Un grupo de 9 organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a participar de la discusión del primer borrador de reformas a la Constitución, impulsado por un equipo encabezado por el Vicepresidente Félix Ulloa.

Todas las entidades rechazaron la invitación alegando que es válido actualizar la Carta Magna pero, en el contexto gubernamental dijeron “no otorga condiciones de legitimidad democrática”.

“Este es un proyecto impuesto desde Casa Presidencial. Tras eventos como la ocupación militar de la Asamblea del 9F, el golpe de estado del 1M y la imposición inconsulta del Bitcoin, es imposible confiar en quienes quieren reformar la Constitución”, detalla el comunicado difundido este martes 17 de agosto.

Según señalaron también, el documento de reformas se preparó con “poca transparencia” y sin “una verdadera participación de la sociedad”. “Toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de la iniciativa”, aseveran.

Por otro lado, matizaron que no hay un tribunal constitucional que revise las enmiendas, debido a que la Sala de lo Constitucional fue removida el primero de mayo, por los Diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC; en ese sentido, dijeron que los actuales Magistrados “carecen de legitimidad y no dan garantías de una revisión independiente”.

“Antes de reformar la Constitución, deben existir condiciones democráticas, que garanticen efectivamente los derechos de las personas y debe restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M”, esgrimen.

Por último, aseguraron que participarían en un proceso de “desarrollo y bienestar del país”, pero si no se generan las condiciones necesarias, existe un “riesgo” de que se utilice su disposición para darle legitimidad al proceso. “No es necesario reformar la Constitución para muchos de los cambios propuestos, algunos aspectos ya están recogidos en la jurisprudencia constitucional y otras soluciones pueden realizarse mediante reformas legislativas. Lo que se necesita es el respeto y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución vigente”, enfatizan.

El pronunciamiento lo firmó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Acción Ciudadana, Centro de Estudios Jurídicos, Fundación Salvadoreña par el Desarrollo; Asociación Nacional de la Empresa Privada, Fundación Nacional para el Desarrollo, Fundación Transparencia Democracia y Justicia, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales.

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