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ONG’s denuncian que remoción de jueces ambientalistas dará paso a contaminación y uso indiscriminado de agua en favor de empresas

A cerca de un mes de haberse aplicado las reformas a Ley de la Carrera Judicial, que separa de sus respectivos tribunales, a 248 jueces, ya se empiezan a notar los efectos, aseguraron organizaciones ambientales aglutinadas en el Foro del Agua.

Este lunes, los demandantes se pronunciaron en torno a los procesos judiciales, en donde están acusadas empresas nacionales y transnacionales, implicadas en contaminación al medio ambiente.

Según denunciaron, la reconfiguración del órgano judicial es para imponer jueces a favor de los grandes empresarios y de lo que ellos tacharon de “intereses mercantilistas”.

“Lamentamos los retrocesos que estamos teniendo, recordemos que habían logros del tutelaje de derechos ambientales por el Magistrado de Cámara, Samuel Lizama y la Jueza de Primera Instancia Ambiental, Cesia Romero, que dictaron jurisprudencia ante la impunidad de proyectos ambientales”, señaló Óscar Ruíz del Foro del Agua.

A Lizama se le conoce por frenar la construcción del Parque Nacional Los Pericos en Antiguo Cuscatlán, una extensión del Parque Bicentenario; mientras que Romero ordenó sancionar al Ingenio La Magdalena por un derrame de melaza en Chalchuapa y detener el desarrollo de la «Pequeña Central Hidroeléctrica», en el Río Sensunapán, en Nahuizalco Sonsonate.

El ambientalista aseguró que los retrocesos se consolidarán con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, que está siendo diseñada en la Asamblea Legislativa. El Foro del Agua consideró que esta vendrá a eliminar permisos ambientales por explotación de aguas.

“Este mecanismo que hacía presión a todas estas acciones de impunidad ambiental y que se abrirán vía ley de recursos hídricos y remoción de jueces ambientales, deja el paso libre a la oligarquía de seguir despojando del agua a las comunidades más desprotegidas”, advirtió Ruíz.

Entre los casos que se perderían, con la nueva designación de jueces, figuran la construcción de una micro represa en el Río Sensunapán, municipio de Nahuizalco, Sonsonate, cuya empresa señalada, ha presentado recursos de apelación, aprovechando el desconocimiento del juez que lleva la causa, aseguran.

Otros casos como la tala indiscriminada de varios árboles del Cerro El Águila (entre Sonsonate y Santa Ana); y el desarrollo de proyectos urbanísticos como Valle El Ángel en Apopa y la residencial Kalamanda en Nuevo Cuscatlán, también afectará a pobladores que dependen de los mantos acuíferos de las zonas.

También amenaza la función que ha venido desempeñando el Juez Ambiental de San Miguel, Eli Díaz; y la Jueza Ambiental de Santa Ana, Norma Lemus. El Juez Díaz ha marcado precedentes como señalar a ANDA de contaminación ambiental por aguas negras y grises en el Río Grande de San Miguel.

La jueza Lemus se le conoce por detener el proyecto urbanístico en Tacushcalco, Sonsonate, a cargo de la empresa Fénix S.A. de C.V.. 

«Están quitando gente experta en temática ambiental y están poniendo gente que ve civil y mercantil ¿Qué significa? que no habrá criterio ambiental, habrá criterio mercantilista, y así hay muchos casos, en donde jueces con otra experticia llegarán a tomar temas ambientales, cuyas sentencias van a favorecer intereses fuera del campo ambiental, que son de principio ambiental y derechos humanos, sus resoluciones serán sesgadas», aseveró Carlos Flores, también representante del Foro del Agua.

La Comisión Ad Hoc que estudia la Ley de Recursos Hídricos comenzó con la aprobación de los 164 artículos, en la primera sesión llegaron a establecer 8 de estos.

Los diputados manifestaron que se están tomando en cuenta las propuestas que llegaron a través de las consultas a la sociedad civil.

El artículo 1 es relativo al objeto de la ley, donde se reconoce el derecho al agua y saneamiento, también establece que el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición y el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento con equidad e igualdad de género asegurando la sustentabilidad ambiental.

La ley también será de orden público; es decir, que toca derechos colectivos y regulará la «gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del país; y promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos», de acuerdo con el artículo 2.

Además, con esta se fomentará el saneamiento y la higiene, así como promover la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y en particular, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos.

Los artículos aprobados son relativos al Ámbito de aplicación, Finalidad de la ley, Bien Nacional de uso Público, Dominio público hidráulico, Declaratoria de utilidad pública y de interés social y Principios generales.

El Foro del Agua también dijo que no se tomaron en cuenta la propuesta de creación de organismos zonales de cuencas, y las 2,500 juntas de agua, que abastecen a 2 millones de hogares. Además aún no ha sido abordada la creación del permiso para abastecimiento de población rural y urbana, que tenía un plazo de 50 años.

Es por ello que piden la reversión de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y reinstalar en el cargo a los jueces ambientales removidos a causa de las mismas. También piden a la Corte Suprema de Justicia que emita mecanismos de sanción a jueces que se vean inmiscuidos en hechos de corrupción. 

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