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Organizaciones de la Sociedad Civil catalogan como “un asalto a la separación de poderes” la destitución de los Magistrados y Fiscal General

Organizaciones califican la destitución de magistrados y fiscal como “Golpe de Estado avalado por el Presidente Bukele y ejecutado por la Asamblea”

“Condenamos este Golpe de Estado avalado por el Presidente Bukele y ejecutado por los diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC”, cerca de 30 organizaciones sociales, económicas y de derechos humanos se pronunciaron en contra de la decisión de la Asamblea Legislativa en destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, Raúl Melara, señalando el hecho como un “Golpe de Estado”.

Asimismo, expusieron que se trata de un “proyecto autoritario” en que todos los poderes de Estado respondan a una persona, en este caso, al Presidente Nayib Bukele.

El político y exdiplomático, Ruben Zamora, manifestó que el artículo utilizado por el Congreso (art 85 de la Constitución) para la destitución no habría sido bien aplicado, pues este dicta que sería bajo violaciones a la ley que se admitiría la remoción.

“No hay ninguna ley existente para que puedan ser juzgados y destituidos”, indicó.

Además, resaltaron que los nuevos funcionarios nombrados por la Asamblea y que han “usurpado incluso por la fuerza” las funciones en dichas instituciones, podrían incurrir en delitos y sus acciones serían “ilegítimas”; es decir, sin aplicabilidad.

“Lo que hizo el Ejecutivo a través de la (destitución) Sala, es destruir un mecanismo de control que le sea un contrapeso, quitar lo que le estorbaba, lo que está pasando es ilegal, antidemócratico. Existe jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema, los delincuentes son los usurpadores y los que los llevaron al poder. No se considera jurídicamente el que actúo de buena fe; es decir que los actos en un principio son válidos jurídicamente, pero el proceso determinara su legalidad o no”, detallaron las organizaciones en una conferencia de prensa este domingo.

Sobre el allanamiento en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia por la Policía Nacional Civil (PNC) y el caso del director de la corporación, Mauricio Arriaza Chicas, en la Fiscalía General de la República, dijeron que son actos “graves” que ponen al país en el ojo de la comunidad internacional, por la usurpación de cargos.

“Creamos que el siguiente paso por la OEA (Organización de Estados Americanos) es la invocación de la Carta Democrática. El secretario General de la OEA como tal no puede iniciar un proceso, tiene que ser invocado por la comisión. El único amigo que le quedaba a Bukele, en la OEA, se le ha volteado, ahí se puede ver la grave situación”, agregó Zamora.

Entre las organizaciones están la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Acción Ciudadana, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Colectiva Feminista, Cristosal.

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