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Organizaciones de víctimas presentan una nueva Ley de Justicia Transicional

La Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES) y organizaciones de víctimas del conflicto armado, llegaron a la Asamblea Legislativa este jueves para presentar una propuesta de Ley de Justicia Transicional.

Dicho anteproyecto se elaboró con las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas entre los años 1980 a 1992 y busca que se garanticen los cuatro componentes que mandató la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Irene Gómez, de Cristosal, una organización que ha seguido de cerca la causa de las víctimas, afirmó que la ley contará con el principio de centralidad, es decir, las víctimas serán las partícipes de todo el proceso de formación de ley y su ejecución.

Unas 16 organizaciones participaron en la formulación de la iniciativa, entre las que destacan juicios para establecer paradero de muertos y desaparecidos, procesos judiciales excepcionales a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal e imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Además, para garantizar el acceso a la verdad y justicia, personas naturales y jurídicas podrán solicitar la investigación, y promover procesos penales; crear registro de víctimas y un centro de documentación de memoria histórica.

En cuanto a reparación, se solicita la creación de un fondo en favor de los dolientes, que se financiará con presupuesto del Estado, un porcentaje (5%) de lo incautado mediante la Ley de Extinción de Dominio y del impuesto conocido como Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE). En este punto la ley plantea que se destine el $0,16 de cada galón.

Ambas propuestas estarían solventándose con la creación de consejos rectores y una dirección ejecutiva que administrará los programas.
La Diputada Claudia Ortíz le dio iniciativa de ley, hay que agregar que la parlamentaria también conforma la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Órgano Legislativo.

Las organizaciones que contribuyeron con la propuesta son: La Mesa Contra la Impunidad de El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Promemoria Histórica, Cristosal, Probúsqueda, Fundación para el Debido Proceso, Tutela Legal María Julia Hernández y comité de víctimas de Morazán, Chalatenango y Usulután.

Los colectivos de organizaciones han presentado propuestas en los últimos once años, la primera de ellas fue llevada al Congreso en 2010, pero en aquel entonces no obtuvo la aritmética necesaria ni para ser discutida en la Comisión respectiva.

En 2012 nuevamente se presentó otra iniciativa similar, pero también fue descartada por los legisladores. Fue hasta a mediados de 2016 que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que básicamente blindaba de responsabilidades penales a todos los violadores de derechos humanos durante los años más cruentos de la guerra civil.

Esta ley, estudiada y aprobada en tan solo dos meses (en 1993), eximía de responsabilidades penales tanto a altos mandos militares de la Fuerza Armada, como a la cúpula guerrillera, que en aquel entonces dirigía al FMLN. En ese contexto, los magistrados constitucionales ordenaron al parlamento emitir una nueva ley que cumpliera con parámetros básicos de escala internacional.

En 2020 se aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que le daba beneficios judiciales a los imputados a cambio de que revelaran la ubicación de las víctimas, esta fue una razón que utilizó el Presidente Nayib Bukele para vetar la ley, la cual se aprobó con votos de ARENA, FMLN, PCN y PDC, que tienen en sus filas a personas implicadas en delitos de lesa humanidad.

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