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Organizaciones y víctimas exigen acelerar el proceso penal por Masacre de El Mozote

Organizaciones de derechos humanos y de víctimas del pasado Conflicto Armado exigieron este lunes al Órgano Judicial garantizar el acceso a la justicia en el caso penal por la Masacre de El Mozote, misma que aseveran ha sido dilatada bajo «estrategias» de los abogados defensores de cerca de 17 militares acusados.

Esta causa penal conllevó a una segunda audiencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en 2020 el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó la inspección de archivos militares; no obstante, la diligencia fue negada por el Alto Mando y el Presidente Nayib Bukele, pues objetaron que se trata de temas de seguridad nacional que no pueden ser revelados.

Las organizaciones solicitaron a la Corte tomar medidas cautelares por la presunta obstaculización a la justicia y posible acciones para encubrir a autores de la masacre.

Además, señalaron que se ha querido apartar al Juez del caso, Jorge Guzmán, lo que aseveraron se trata de una estrategia dilatoria.

«Lo que están evidenciando los defensores de los acusados es que no tienen argumento para defender a los imputados. El juez ha actuado con imparcialidad», manifestó el abogado de las víctimas y representante de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Wilfredo Medrano.

Asimismo, el Director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, afirmó que «la estrategia de defensa no ha podido contraargumentar los argumentos de las decisiones judiciales y parece que su estrategia es elevar estos procesos a otras instancias para dilatar la causa judicial. La dilación del proceso no debería ocurrir si las instancias superiores agilizan esto. Nuestro llamado es a la Corte plena de la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara de Segunda Instancia y a la Sala de lo Penal para que resuelvan con prontitud y no se revictimice a las víctimas».

La Fiscalía General de la República (FGR) también había solicitado recusar al juez Guzmán por supuestas irregularidades en aceptar a una perito en crímenes de género y de violencia sexual; sin embargo, la entidad retiró la petición.

«Nos preocupa porque ya muchos de nuestros compañeros murieron esperando justicia. Vemos la negativa del Estado», indicó uno de los representantes de víctimas, Cruz Vigil.

Las recusaciones

El alegato de la defensa en un recurso del 19 de marzo, destaca que el Juez del caso elaboró una tesis de graduación en 1993 sobre “La Vigencia de los Derechos Humanos en el Salvador, periodo 1980-1991”, por lo que podría tener incidencia en su decisión judicial.

Luego, el 9 de abril presentaron un nuevo recurso contra una magistrada de la Sala de lo Penal, que, según las organizaciones, corresponde a una acción para prolongar la respuesta del primer documento.

¿Cómo avanzó el caso?

La Masacre de El Mozote fue el nombre que se dio al conjunto de masacres contra población civil que realizó la Fuerza Armada a través del batallón Atlacatl en un operativo de contrainsurgencia de los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, específicamente en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles.

La demanda por la masacre fue interpuesta en 1990 en referido juzgado, caso que fue cerrado en 1993 con la Ley de Amnistía; por lo que se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que fuera posible que se investigara en el país.

En 2012, la Corte falló contra el Estado y pidió esclarecer las masacres cometidas, junto con medidas de reparación, resarcimiento social e individual y garantías de no repetición; en 2016 la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se reabre el caso.

Hasta la fecha, continúa en fase de investigación.

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