Nacionales

Periodistas de Gato Encerrado declararon en la Comisión de acoso a periodistas y medios de comunicación

La Comisión Especial que investiga el acoso que sufren periodistas por parte del Ejecutivo brindó audiencia a representantes de la revista digital Gato Encerrado, quienes denunciaron ser víctimas de ataques cibernéticos, donde reciben amenazas y se denigra su labor periodística.

El presidente de la instancia legislativa, Emilio Corea (ARENA), explicó que la comisión ya se encuentra en la fase final. “Se confirma que la Asamblea Legislativa actuó bien al conformar esta comisión. Las personalidades que han estado acá coinciden que ha habido acoso, amenazas, discriminación, obstaculización para llegar a las fuentes, entre otras cosas”, detalló.

En el mismo sentido, la diputada Karina Sosa (FMLN) calificó de delicada la situación por la que está atravesando el ejercicio periodístico en el país. “Nosotros estamos tratando de ser objetivos, escuchando con detenimiento todos los planteamientos para llegar a una conclusión”, señaló.

Por su parte, el legislador Rodolfo Parker (PDC) hizo un llamado a los periodistas de Gato Encerrado a continuar con su labor periodística. “Es una responsabilidad social y eso es lo que ustedes están cumpliendo. Los instamos a que continúen sin desfallecer”, reiteró.

Para este martes, los parlamentarios también tenían previsto recibir al presidente de CEPA, al ministro de Hacienda, al titular del CONAB, al secretario de prensa de Casa Presidencial y la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia; sin embargo, se excusaron por no asistir. Por tal motivo, la comisión acordó convocarlos nuevamente para la siguiente semana, a partir de las 9:00 a.m., a fin de que aclaren los señalamientos de ataques y acoso a periodistas por parte de dichos funcionarios.

De acuerdo el art. 56 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL),  los funcionarios públicos están obligados a colaborar con las comisiones especiales, cuando se les requiera. En ese sentido, los parlamentarios no descartan solicitar la intervención de la Policía Nacional Civil por incumplir las convocatorias. 

Respecto al incumplimiento de deberes, el  art. 321 del Código Penal señala: «El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba