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Presidente Bukele y Merino Monroy demandados en FGR

La Mesa contra la impunidad y el Grupo Gestor Pro Memoria Histórica interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ministro de Defensa, René Merino Monroy, y el Presidente Nayib Bukele, por el posible cometimiento de delitos en el bloqueo de inspecciones de archivos militares en el caso judicial de la Masacre de El Mozote.

De acuerdo con las organizaciones, el 21 y 24 de septiembre se habrían cometido diversos delitos, el primer día por el bloqueo a los archivos y el segundo por mover la documentación.

El pasado 15 de junio, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó la inspección de los archivos militares, que se llevarían a cabo dependencias militares ubicadas en San Salvador, San Miguel y San Francisco Gotera, iniciando por las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada el 21 de septiembre.

Esto fue notificado a los representantes del Presidente y de Merino Monroy, quienes habían expresaron que colaborarían en el caso.

En esa misma fecha, el Juez Jorge Guzmán Urquilla también emitió una medida cautelar, donde los archivos no podían ser desplazados, sustraídos, ocultados, destruidos o dañados por ningún funcionario o empleado. 

Posteriormente, el 21 de septiembre no se permitió la inspección que sería liderada por el juez de la causa, en compañía de peritos internacionales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones y querella.

Fue el Coronel Carlos Vanegas, director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), quien impidió que se realizara la diligencia.

Por su parte, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, parte de las organizaciones que interpusieron el aviso, señaló que existen pruebas que el Presidente Bukele ordenó que se impidiera la inspección mediante una carta firmada por el Ministro de Defensa que fue presentada por el Secretario Jurídico, Conan Castro.

«La orden judicial no se puede desobedecer, si se hace, se comenten delitos, claramente el delito se configura, hay un acta judicial de la obstrucción que es prueba con la certificación que envíe el juez y ahora tenemos un informe firmado por el secretario jurídico, como representante del Presidente y firmado por el ministro de la defensa, donde admite que es por sus órdenes que no se realizan las inspecciones. Hay prueba de este delito», expuso.

Los delitos que se pudieron haber cometido al bloquear las inspecciones judiciales, según las organizaciones, incluyen: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia.

Además, Morales se refirió a las declaraciones del Mandatario en cadena nacional del 24 de septiembre, misma en la que mostró las carpetas que contenían los archivos militares, que destacó, habían sido desclasificados por él mismo.

En la cadena, Bukele mencionó que había ordenado hacer la búsqueda y esos eran los únicos documentos encontrados, mientras los apuntó en televisión nacional.

Este hecho, según los colectivos, conforma el delito de supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos, al haber desobedecido la medida cautelar de no tocar los archivos.

«Existían medidas cautelares en el sentido que no podían ocultarse ni moverse los archivos. Al mostrar el presidente supuestos archivos en la conferencia pudo cometer delitos», aseveró Morales.

Si la FGR encuentra los indicios para imputar los delitos, podría promoverse un antejuicio contra los funcionarios.

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